El inicio del curso judicial, tradicionalmente un momento de reflexión sobre el estado de la justicia en España, se ha visto eclipsado por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la judicatura. En su primera entrevista en un medio español tras 14 meses de ausencia, Sánchez aprovechó el espacio en TVE para cargar contra lo que considera una instrumentalización política de la justicia. «Hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia», afirmó, refiriéndose a las investigaciones que afectan a su entorno. Según el presidente, las imputaciones de su esposa —por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación— y de su hermano —por prevaricación, malversación y otros delitos en Badajoz— parten de «denuncias falsas» y organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír.
Sánchez no mencionó explícitamente a los jueces Juan Carlos Peinado ni Beatriz Biedma, pero sus palabras han sido interpretadas como un ataque directo a estos magistrados. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, lleva meses investigando a Begoña Gómez por supuestas irregularidades en contratos públicos y su rol en la Universidad Complutense, mientras que Biedma, en Badajoz, ha imputado a David Sánchez por presuntas irregularidades en su contratación como coordinador de conservatorios en la Diputación provincial. Ambos casos, iniciados tras denuncias de asociaciones ultraconservadoras, han sido cuestionados por la Fiscalía, que no ve indicios claros de delito.
El tono desenfadado de Sánchez, que incluso llegó a reírse al mencionar «las imputaciones» de su esposa, ha agravado el malestar. «¡No sé cuántas llevamos!», exclamó, un gesto que algunos medios han calificado de «chulesco» y que ha indignado a sectores de la judicatura por considerarlo una burla a la gravedad de los procedimientos.
La reacción de la judicatura no se ha hecho esperar. Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha calificado las palabras de Sánchez de «muy graves», comparándolas con las «manifestaciones populistas» de Donald Trump contra jueces estadounidenses. «Es irresponsable lanzar un mensaje deslegitimador de que hay jueces que no son independientes», afirmó Portillo, quien lamentó que el presidente no aprovechara para expresar confianza absoluta en el Poder Judicial. «Podría haber defendido la inocencia de su entorno sin atacar a la carrera judicial», añadió, subrayando que estas declaraciones forman parte de una «estrategia política dañina».
Por su parte, Iustitia Europa, una plataforma de juristas, ha ido más allá al presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por lo que consideran una «grave injerencia» en la independencia judicial. En un comunicado, su presidente, Luis María Pardo, acusó a Sánchez de ejercer «una intimidación inaceptable» contra los magistrados que cumplen con su deber, vulnerando el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución. La denuncia solicita al CGPJ que declare formalmente estas palabras como una injerencia y que inste al presidente a rectificar públicamente.
Incluso la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, de perfil progresista, ha defendido la independencia de los jueces, recordando que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones» sobre cómo aplicar el ordenamiento jurídico. Sus palabras, pronunciadas en abril tras otro episodio de críticas del Ejecutivo, resonaron nuevamente en el contexto actual.
No es la primera vez que Sánchez y su Gobierno se enfrentan al Poder Judicial. Desde que las investigaciones contra Gómez y David Sánchez comenzaron, el Ejecutivo ha acusado a ciertos jueces de practicar «lawfare» —persecución judicial por motivos políticos—, un término que Sánchez reconoció explícitamente en su entrevista, marcando un hito al ser la primera vez que un presidente del Gobierno español lo emplea abiertamente. Este discurso ha sido especialmente polémico tras la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que otorgaría a la Fiscalía un mayor control sobre las investigaciones, lo que críticos como Hazte Oír ven como un intento de «blindar» a los familiares de Sánchez.
Las asociaciones judiciales, salvo Jueces y Juezas para la Democracia —de corte progresista y que admite una posible «instrumentalización» de ciertos procedimientos—, han cerrado filas en defensa de Peinado y Biedma. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha condenado lo que considera un «ataque directo» al tercer poder del Estado, mientras que el Foro Judicial Independiente ha exigido «respeto institucional» al Ejecutivo.
La percepción de una justicia politizada, alimentada tanto por las palabras de Sánchez como por las críticas de la oposición, amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, en un momento en que el país se enfrenta a retos económicos y sociales de envergadura.
Mientras Peinado y Biedma prosiguen sus investigaciones, y con el CGPJ preparando una posible respuesta formal, el episodio marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En un país donde la separación de poderes es un pilar del sistema democrático, las palabras de Sánchez han abierto una herida que, lejos de cerrarse, podría agrandarse en los próximos meses.
Sánchez está des-legitimando y atacando directamente la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho. Esta estrategia no solo genera desconfianza hacia el sistema judicial, sino que también pone en riesgo la separación de poderes al intentar manipular la percepción pública para proteger un entramado de corrupción que amenaza la integridad de nuestras instituciones y la confianza ciudadana.