El futuro del regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont sigue siendo incierto, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dado su respaldo a la controvertida ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. La norma, impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar el apoyo de los partidos independentistas catalanes, pretendía beneficiar a los líderes del proceso independentista de 2017, pero el Supremo mantiene que no se aplica a Puigdemont por el delito de malversación agravada.
El Tribunal Constitucional, en una decisión reciente, ha validado la constitucionalidad de la ley de amnistía, que perdona los delitos relacionados con el referéndum ilegal de 2017 y los eventos posteriores, incluyendo los de rebelión y sedición. Sin embargo, el Supremo sostiene que el delito de malversación de fondos públicos atribuido a Puigdemont, relacionado con el uso de recursos públicos para financiar el referéndum, no está cubierto por la amnistía debido a su carácter de enriquecimiento personal, según el juez Pablo Llarena. Esta interpretación ha generado un conflicto jurídico, ya que el Constitucional no puede interferir directamente en la imputación del Supremo, dejando vigente la orden de arresto contra Puigdemont.
Puigdemont, quien se encuentra en el exilio en Bélgica desde 2017 tras liderar el intento de secesión de Cataluña, realizó una breve aparición en Barcelona el 8 de agosto de 2024, desafiando la orden de arresto. Tras un discurso ante miles de seguidores en el Arc de Triomf, logró evadir a la policía y regresar a Bélgica, lo que desató críticas tanto al Gobierno como a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra. Según su abogado, Gonzalo Boye, Puigdemont no tiene intención de entregarse y continúa exigiendo la aplicación plena de la amnistía.
El Gobierno de Sánchez se enfrenta a un delicado equilibrio: mantener el apoyo de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, crucial para su estabilidad parlamentaria, mientras lidia con las críticas de la oposición y sectores de su propio partido, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha tildado la amnistía de “inconstitucional”. Además, la posibilidad de que el Supremo eleve un recurso ante el Constitucional podría retrasar aún más cualquier resolución definitiva sobre el caso de Puigdemont.
Mientras tanto, el líder independentista insiste en que la ley de amnistía debería aplicarse en su totalidad, argumentando que las acusaciones de malversación son una distorsión para excluirlo de los beneficios de la norma. La incertidumbre persiste, y su retorno a España sigue siendo un punto de tensión en el panorama político español.
