El Gobierno de Haití ha decretado un estado de emergencia de tres meses en los departamentos del Oeste, Artibonito y el Centro, regiones clave por su peso demográfico, agrario y económico. La medida fue anunciada tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros presidida por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, y el primer ministro Alix Didier Fils-Aime. El objetivo: consolidar la respuesta institucional en medio de una escalada de violencia criminal que ha dejado miles de muertos y desplaza a centenares de miles de personas.
El decreto permite una “gran movilización de recursos y medios institucionales”, y está pensado para facilitar el despliegue y actuación de las fuerzas del orden en zonas donde las bandas armadas han sembrado el terror, con ataques sistemáticos contra comunidades rurales y la destrucción de infraestructura básica, incluso instalaciones agrícolas esenciales para la subsistencia del país.
Un informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH) revela un balance estremecedor: 1.617 muertos y 580 heridos en el primer trimestre del año como consecuencia de la violencia; además, 161 personas fueron secuestradas y se registraron 80 ejecuciones extrajudiciales, muchas atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad. En el Centro y Artibonito, considerado el «granero» del país, la violencia ha forzado el desplazamiento de más de 239.000 personas, muchas de ellas cruzando desesperadamente el río Artibonito para huir de los combates.
Dentro del paquete de medidas, Haití ha creado la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que centralizará las funciones de inteligencia y contrainteligencia con el fin de reforzar la capacidad estratégica del Estado ante esta crisis sistémica.
La situación se agrava además por una gran crisis alimentaria. Haití se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor riesgo de inanición: más de la mitad de su población—unos 5,7 millones de personas—padecen inseguridad alimentaria, y casi tres millones se encuentran en situación catastrófica o emergencia, según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La violencia de las bandas criminales, junto con el deterioro del sector agrícola y la pobreza extrema, son los factores principales del hambre generalizada.
La decisión de declarar el estado de emergencia y reorganizar el aparato de seguridad se produce en paralelo a la intervención gradual de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU y liderada por Kenia, con presencia de policías de países como Jamaica, Bahamas, Bangladesh, Benín, Chad o Guyana, entre otros, como parte de un esfuerzo internacional por estabilizar la gobernabilidad en Haití.
La situación permanece extremadamente tensa y precaria. Esta escalada de la violencia, combinada con la catástrofe humanitaria, ha reafirmado la necesidad de una acción urgente y coordinada: solo una respuesta institucional sólida, acompañada de apoyo internacional, puede evitar que Haití derrumbe aún más bajo el peso de sus múltiples crisis.
