El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, concluye en su último informe que España sigue sin aplicar completamente las 19 recomendaciones emitidas en 2019 para prevenir la corrupción en las altas funciones del Gobierno y en los cuerpos de seguridad del Estado.
Aunque el Ejecutivo central afirma haber abordado parcial o totalmente 16 de esas exigencias, tres siguen sin cumplirse, situación que el organismo europeo considera inadmisible dado el tiempo transcurrido. A juicio del GRECO, más que la aprobación de normas, el problema radica en su implementación efectiva: la legislación avanza a buen ritmo, pero en su aplicación real sigue existiendo un desfase considerable.
Entre las deficiencias más llamativas, figura la falta de reforma del aforamiento político, que impide procesar penalmente con agilidad a altos cargos sospechosos de corrupción. El organismo lamenta que no se haya avanzado en adaptar este régimen que requiere reforma constitucional.
También pone el foco en la regulación de los lobbies y en la transparencia sobre reuniones e influencia de grupos de interés sobre altos cargos, aspecto aún sin ley estatal efectiva tras la paralización del proyecto en 2024. En este sentido, critica además la opacidad en las agendas oficiales, restricciones insuficientes en las puertas giratorias y la débil independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
GRECO valora mejoras parciales en la Guardia Civil, como un progreso en ética, protocolos y denuncias internas. No obstante, advierte que la Policía Nacional no ha reformado su código de conducta desde 2013 y carece de una estrategia interna anticorrupción efectiva.
El Ejecutivo español ha remitido información al pleno de GRECO, señalando que de las 30 recomendaciones formuladas en las rondas de evaluación, 24 han sido cumplidas o parcialmente implementadas, mientras las seis restantes continúan en estudio.
Se menciona como avance destacable la adopción del «Plan de Acción por la Democracia», aprobado en 2024, que incluye medidas como la creación de autoridad de protección al informante, un marco de integridad para la Administración y el registro de lobbies, actualmente en trámite legislativo.
GRECO requiere que España remita un nuevo informe con los progresos antes del 30 de junio de 2026.
Pese a ciertas iniciativas legislativas y regulatorias, el informe subraya que España no ha materializado avances decisivos en transparencia, control ético y lucha contra conflictos de intereses en sus niveles más altos de poder. GRECO considera urgente reformar el régimen de aforamientos, regular los lobbies, reforzar la independencia institucional y garantizar que los empleados públicos e invitados consultores cumplan estándares equivalentes a los de los altos cargos.
El órgano europeo advierte que la falta de implementación efectiva es ahora el principal obstáculo para combatir la corrupción en España, a pesar de contar con el marco legal apropiado. El reto será demostrar que, más allá de grandes declaraciones, el Gobierno es capaz de llevar a cabo medidas concretas y operativas para cerrar los vacíos señalados.
