La reciente entrada del Ayuntamiento de Granadilla de Abona en el accionariado de TITSA ha reabierto un debate de fondo sobre el modelo de gestión del transporte público en Tenerife.
Qué gana realmente un municipio al convertirse en accionista de la empresa insular de guaguas y por qué no todos los ayuntamientos han optado por esta vía. Más allá del titular, la operación tiene implicaciones jurídicas, económicas y políticas de calado.
El principal beneficio para un ayuntamiento accionista es que TITSA pasa a ser, también para ese municipio, un medio propio instrumental.
En términos prácticos, esto permite al consistorio encargar directamente la prestación de servicios de transporte urbano —líneas regulares, refuerzos, servicios especiales— sin necesidad de sacar el servicio a concurso público.
En un contexto administrativo cada vez más complejo, esta capacidad reduce plazos, evita litigios y aporta estabilidad al sistema.
Implantación del transporte urbano
En el caso de Granadilla, el objetivo es implantar y ordenar un transporte urbano municipal en un territorio extenso, con núcleos dispersos y una presión creciente por el desarrollo residencial y turístico.
Crear una empresa pública propia o licitar el servicio a operadores privados habría supuesto mayores costes, más incertidumbre y una curva de aprendizaje elevada. Integrarse en TITSA permite aprovechar una estructura ya existente: flota, personal, talleres, sistemas de billetaje y experiencia operativa acumulada durante décadas.
Otro elemento clave es la integración real entre transporte urbano e interurbano. Históricamente, muchos municipios han sufrido desajustes de horarios, duplicidades de líneas o conexiones ineficientes con hospitales, centros educativos o intercambiadores.
Cuando el operador es el mismo —y el ayuntamiento forma parte de su accionariado— la coordinación deja de ser una negociación externa y pasa a formar parte de la planificación interna del sistema. Esto mejora la eficiencia global y la experiencia del usuario.
Desde el punto de vista económico, el modelo ofrece ventajas de escala. El coste por kilómetro suele ser inferior al de un operador privado, y el riesgo financiero queda diluido en una empresa pública respaldada mayoritariamente por el Cabildo Insular de Tenerife, que sigue siendo el accionista principal y la autoridad insular en materia de transporte. La entrada de ayuntamientos no altera ese control, pero sí introduce una lógica de corresponsabilidad territorial.
Otros modelos insulares
Comparado con otras islas, el modelo tinerfeño resulta singular. En Gran Canaria, por ejemplo, el transporte interurbano lo gestiona una empresa insular, mientras que el urbano en la capital recae en una compañía municipal separada.
En Lanzarote o Fuerteventura, la fragmentación entre servicios insulares y municipales es mayor, con concesiones privadas y menor integración operativa. El esquema de Tenerife apuesta por un operador público único, capaz de absorber servicios urbanos cuando los municipios así lo deciden.
Sin embargo, el sistema no está exento de críticas. Algunos expertos y responsables locales advierten del riesgo de excesiva centralización y de que los ayuntamientos, pese a ser accionistas, tengan un margen limitado de decisión real frente al peso del Cabildo.
También se señala la posibilidad de que la figura de medio propio reduzca la competencia y la innovación que, en teoría, podría aportar un operador privado en determinados contextos. A ello se suma la necesidad de garantizar transparencia y control en los encargos directos para evitar opacidad o ineficiencias.
Por qué no todos los ayuntamientos se han sumado
¿Por qué, entonces, no todos los ayuntamientos se han sumado? Las razones son diversas. Algunos municipios pequeños consideran que el volumen de servicio no justifica el esfuerzo administrativo.
Otros cuentan ya con modelos consolidados o prefieren mantener flexibilidad mediante contratos externos. También hay factores políticos: entrar en el accionariado implica asumir corresponsabilidad en un servicio sensible y visible, con costes y decisiones que pueden generar desgaste.
En conjunto, no es una operación financiera ni simbólica, sino una decisión estructural sobre cómo prestar un servicio público esencial.
