La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha impuesto una multa de 847.640 euros a las compañías GlovoApp23 SL y GlovoApp Spain Platform SL, tras acreditarse que empleaban a 64 trabajadores extranjeros sin la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” por la administración, se descubrió gracias a una inspección laboral centrada en plataformas digitales de reparto. El proceso sancionador aún se encuentra en fase de recurso presentado por la empresa.
La investigación, llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, concluyó que estos repartidores desempeñaban labores por cuenta ajena, sin estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y sin que la empresa realizara las cotizaciones correspondientes. Además, carecían de autorización legal para trabajar en España, lo que constituye una infracción muy grave según el artículo 36.1 y 4 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Extranjería.
La sanción se divide en dos actas: la primera por 20 trabajadores asciende a 210.649,43 €, y la segunda por 44 personas suma 636.990,59 €, incluyendo las cotizaciones que la empresa debió haber ingresado a la Seguridad Social. En total, la penalización supera el 847.640 €, y obliga además a regularizar la situación laboral de los repartidores afectados.
Este expediente forma parte de un plan de inspección de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo que persigue fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral en el sector del reparto digital, considerado especialmente vulnerable por la proliferación de prácticas irregulares.
La sanción se suma a un historial de pérdida reputacional y económica para Glovo. Desde 2021, ha sido multada en España con más de 205 millones de euros por emplear a falsos autónomos y trabajadores sin permiso de trabajo, que suman más de 37.000 empleados irregulares detectados por la Inspección en Madrid, Barcelona y otras provincias. Además, la Comisión Europea le impuso una multa de 329 millones de euros hace apenas unas semanas por prácticas contrarias a la competencia en el mercado europeo.
El caso pone de manifiesto la precariedad a la que se enfrentan los repartidores migrantes sin papeles, muchos de los cuales acceden al empleo mediante el alquiler de cuentas. Testimonios recogidos por organizaciones sindicales detallan cómo esta situación deja a estos trabajadores desprotegidos ante accidentes laborales, bajas o accidentes de tráfico.
El expediente sancionador recalca que contratar a extranjeros sin permiso para trabajar en España no solo infringe la Ley de Extranjería sino que agrava situaciones de explotación laboral, lo que ha motivado la aplicación de sanciones del máximo nivel con carácter disuasorio.
