En plena ola de fuegos que ha arrasado decenas de miles de hectáreas y mantiene a varios territorios en vilo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes un paquete de 50 medidas para prevenir incendios y socorrer a las zonas castigadas. La propuesta estrella, que acaparó titulares y encendió el debate, es la creación de un “registro nacional de pirómanos e incendiarios”, limitado —según el PP— a condenados por sentencia firme y acompañado de pulseras telemáticas de geolocalización para vigilar su posición en periodos de riesgo.
Feijóo desgranó el plan tras la reunión del Comité de Dirección en Génova. Sostuvo que el país “ha fallado en la prevención y en la planificación” y pidió criterios objetivos y coordinación para que, ante situaciones extremas, se activen “todos los medios del Estado”, incluido el despliegue del Ejército cuando proceda. El documento, que su partido remitirá a las Cortes, se articula en tres ejes: atención ágil a los afectados, recuperación ambiental y económica y prevención reforzada en el ámbito forestal y rural.
La propuesta del registro de pirómanos incluye dos elementos sensibles: por un lado, la base estatal con los datos de quienes hayan sido condenados por provocar incendios en cualquier punto del país; por otro, la imposición de dispositivos telemáticos para su control en temporadas críticas. Feijóo enmarca la medida en la “protección del interés general” y la disuasión, mientras su equipo jurídico defiende que el alcance se limitaría a condenas firmes y a ventanas temporales de riesgo alto.
El plan del PP llega Jjunto a los anuncios del Gobierno: Pedro Sánchez avanzó que el Consejo de Ministros declarará zonas de emergencia los territorios afectados para movilizar recursos extraordinarios; y algunas comunidades —como Castilla y León— ya han despachado paquetes propios con ayudas directas, restauración ecológica y apoyo a autónomos y empresas. En la práctica, la agenda contra incendios transcurre por dos carriles: el competencial (autonómico) y el estatal (emergencias, coordinación, financiación).
En el terreno práctico, el registro y las pulseras telemáticas abren una discusión jurídica compleja: cómo equilibrar la protección civil con derechos fundamentales (privacidad, libertad de movimientos, reinserción) y con la proporcionalidad penal una vez cumplidas las condenas. Voces técnicas del ecosistema forestal y mediático ya han apuntado reservas sobre la eficacia de centrar el foco en el perfil del incendiario frente a reforzar mosaicos agroforestales, gestión de combustible, cortafuegos, pastoreo dirigido y vigilancia inteligente. Aun así, el PP reivindica su plan como un escalón adicional de control y prevención.
Más allá del titular jurídico, el documento popular promete medidas de choque para los damnificados: ventanillas únicas, exenciones fiscales temporales, líneas de liquidez, reparación de viviendas e infraestructuras y planes de empleo verde ligados a la restauración del territorio. En prevención, el PP plantea protocolos comunes entre administraciones, mecanismos de activación rápida y una reforma de calendarios de aprovechamientos forestales para reducir combustible en el monte antes de los picos de calor.
La batalla del relato será inmediata. A la Moncloa le interesa fijar la idea de que el Estado ya está actuando —con declaratorias de emergencia y fondos— y que el desafío es climático y estructural; al PP, que la crisis exhibe fallos de planificación y que hace falta una sacudida legal para disuadir y detectar reincidencias. Lo que nadie discute es que las próximas semanas, con el otoño aún lejos y el monte exhausto, serán decisivas para medir si las promesas —de un lado y otro— se traducen en operativa real sobre el terreno.
