Los mensajes: cuando el presidente hace de gestor de cobros
El informe de la UCO, de unas 300–350 páginas, reconstruye las conversaciones de julio de 2020 entre Koldo, Aldama, cargos del Gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres.
Según los mensajes que recoge la Guardia Civil:
– Koldo presiona para que el Gobierno canario pague lo que debe a Soluciones de Gestión.
– Torres responde que está “encima de tu pago”, que el material ya está “validado” y que va a mover el asunto con su equipo económico.
– Se queja de la responsable económica que ponía pegas al contrato y llega a escribirle a Koldo: “Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire”.
Todo esto mientras una funcionaria —hoy fallecida— advertía por escrito de que el precio de las mascarillas estaba fuera de mercado y que el procedimiento no era el adecuado.
La escena, resumida: la técnica avisa de irregularidades, y el presidente se enfada porque hay que pagar “ya” a la empresa recomendada por Koldo. Hoy, el ministro dice que en esas conversaciones “no hay nada delictivo”.
“No hay delito”, pero el bochorno es gratis
Seamos rigurosos: la UCO no condena, investiga y describe indicios. Lo que afirma el informe es que Koldo, pagado por Aldama, ejercía influencia en la Administración canaria y consiguió que el presidente se implicara directamente en reclamar pagos pendientes.
La Fiscalía no ve por ahora delito, pero el juez podría elevar el caso al Supremo por su aforamiento.
El entorno de Torres defiende que no hay nada irregular y que se trataba de “gestión normal” en plena pandemia. Pero mientras sanitarios se jugaban la vida, un presidente estaba “encima” del pago de millones a una empresa bajo sospecha. Aunque el Supremo archive el caso, la pregunta queda: ¿es normal que un presidente desbloquee pagos de una empresa privada recomendada por un comisionista?
El estilo de la casa: Koldo, Aldama y las “mascarillas famosas”
El informe no nace en el vacío. Es un capítulo más de una novela sombría: mensajes previos mostraban la cercanía entre Torres y Koldo; hubo WhatsApps sobre las “mascarillas famosas”, y ahora sabemos que, cuando hay reparos técnicos, la prioridad era apartar las dudas.
La UCO lo llama “presunta organización criminal”. En cristiano: mientras la gente sufría confinada, otros hacían negocios con mascarillas y urgencias administrativas.
La política: cerrar filas… alrededor del problema
La reacción política ha sido la habitual: el PP pide la dimisión inmediata, el PSOE se atrinchera y defiende al ministro como si nada pasara. Entre tanto, el ciudadano asiste a la repetición del mismo guion de corrupción y comisiones.
La novedad no es el escándalo, sino la naturalidad con la que se asume que un presidente actúe como gestor de cobros de una trama de mascarillas.
Memoria democrática… y memoria reciente
Resulta irónico que el ministro lleve en su cartera la palabra “Memoria Democrática”. La memoria no es solo para recordar el pasado, sino para no repetir los abusos del presente.
Hubo funcionarios que pusieron reparos y hoy aparecen como obstáculos; hubo políticos que usaron su poder para favorecer empresas concretas. La presunción de inocencia es sagrada, pero la presunción de decencia también exige mirar de frente y decir que esto no es normal.
Lo que queda por ver (y lo que ya se ha visto)
A partir de aquí, el juez deberá decidir si eleva el asunto al Supremo. Pero lo que ya se ha visto no depende de ningún auto: un presidente escribiendo “estoy encima de tu pago”, amenazando con “cagarse en todos los santos” por una factura, y un sistema en el que los comisionistas tienen más acceso que los ciudadanos.
Cuando el teléfono del presidente se usa para apretar a favor de una empresa investigada, la línea entre la gestión pública y el recadero privado desaparece. Y eso no figura en el Código Penal. Se llama vergüenza democrática.
