Canarias estrena desde este 24 de diciembre su Ley de Universidades Populares de Canarias, la primera norma autonómica que regula de forma integral estos proyectos de formación y cultura para personas adultas.
El Archipiélago consolida así un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida que llevaba décadas funcionando sin un marco jurídico específico y que ahora se blinda con financiación estable y reconocimiento institucional.
Origen europeo y raíz municipal
Las universidades populares nacen en Europa a finales del siglo XIX y llegan a España a comienzos del XX, impulsadas por figuras como Blasco Ibáñez, Antonio Machado o María de Maeztu, con una idea sencilla y radical para su época: llevar la cultura y el conocimiento universitario “al pueblo”, sin requisitos académicos previos.
Hoy se definen como un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el municipio para promover participación social, educación y formación al servicio de la comunidad.
En Canarias, las primeras universidades populares de la etapa democrática surgieron en los años 80 en Puerto del Rosario, Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) ha ido tejiendo una red que hoy alcanza a una treintena de municipios mediante convenios con ayuntamientos, cabildos y las dos universidades públicas.
Qué regula la nueva ley
Esta Ley 8/2025 no tiene nada que ver con la universidad reglad. Su ámbito es la educación no formal, dirigida a personas adultas que quieren seguir aprendiendo a lo largo de su vida, ya sea por mejora profesional, por desarrollo personal o por pura curiosidad cultural.
La norma define las universidades populares como proyectos formativos y culturales de ámbito municipal, centrados en la educación permanente de personas adultas. Establece que su espacio natural de actuación es el municipio, aunque permite proyectos supramunicipales o insulares impulsados por los cabildos cuando los recursos locales no sean suficientes.
También obliga a que cada universidad popular cuente con un proyecto educativo y cultural anual, con análisis de la realidad local, oferta formativa, objetivos, metodología y evaluación. Estas iniciativas se integran en la red pública de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Canarias, con un registro específico de universidades populares.
Los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema. Tienen la competencia para crear y gestionar universidades populares, cediendo espacios, coordinando actividades y contratando o conveniando con entidades que las desarrollen.
Los cabildos podrán reforzar esa red allí donde los municipios no lleguen, promoviendo proyectos insulares o apoyando iniciativas locales.
La ley reconoce también el papel de la ACUP, que podrá crear una fundación para impulsar nuevas universidades populares, coordinar proyectos y canalizar convenios con el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. Esa relación se articulará mediante convenios de colaboración que incluirán acciones concretas y financiación asociada.
Financiación estable
Uno de los avances clave es que la ley obliga a que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluyan cada año una partida específica para el fomento y desarrollo de las universidades populares, sin perjuicio de que puedan captar fondos de entidades privadas o europeas. Es la respuesta a uno de los problemas detectados por el sector, la dependencia de subvenciones puntuales que dificultaban planificar a medio plazo.
Además, la norma aprovecha para modificar la Ley canaria de Educación de Personas Adultas e incorporar una disposición específica sobre el régimen de conciertos educativos en la modalidad de educación a distancia, pensando en Radio ECCA y entidades con características similares.
Se prevé adaptar el concierto a la realidad de la enseñanza radiofónica y en línea —dificultad de agrupar alumnado en aulas, elaboración de materiales propios, uso intensivo de tecnologías— y garantizar un módulo económico equivalente al de otros centros concertados, revisado anualmente.
El Gobierno de Canarias presenta la ley como una herramienta estratégica frente a la exclusión social, la brecha digital, el envejecimiento y el aislamiento geográfico de muchos núcleos del Archipiélago. La formación en alfabetización digital, idiomas, patrimonio, salud, igualdad o participación ciudadana puede organizarse muy cerca de donde vive la gente, sin requisitos académicos ni burocracias complejas, algo que, pese a su `poca visibilidad, ayuda sobremanera al desarrollo del Archipiélago
