El presidente Emmanuel Macron ha anunciado este jueves —desde la base militar de 27ª Brigada de Infantería de Montaña, en Varces (Isère, Alpes franceses)— la creación de un nuevo modelo para las fuerzas armadas, con “más medios financieros” y la reintroducción de un servicio militar voluntario, como respuesta a lo que calificó de «aceleración de las crisis» y el «endurecimiento de las amenazas» que hoy acechan a Europa.
El plan prevé que, a partir del verano de 2026, jóvenes de 18 y 19 años puedan alistarse voluntariamente durante diez meses. En su primera convocatoria se esperan unos 3.000 jóvenes, con la intención de ampliar la cifra hasta 10.000 en 2030 y —dependiendo de la evolución del contexto internacional— llegar a 50.000 en 2035. Macron ha subrayado que estos voluntarios servirán únicamente en territorio nacional, descartando por el momento su envío a misiones en el extranjero.
El anuncio del presidente llega acompañado de un incremento de los recursos para la Defensa: el presupuesto se duplicará en los próximos años, pasando de los 32.000 a los 64.000 millones de euros para 2027. Este refuerzo presupuestario expresa clara intención de adaptar a las Fuerzas Armadas francesas a lo que Macron describe como «un mundo volátil y peligroso», marcado por tensiones geopolíticas crecientes, en particular por la guerra en Ucrania y la percepción de amenaza por parte de Rusia.
Durante su intervención, Macron defendió la idea de un “modelo híbrido” de ejército, donde coexistan las tropas profesionales con reservistas formados mediante este nuevo servicio voluntario. Tras completar los diez meses, los jóvenes voluntarios podrán integrarse en la reserva operativa, continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral, con posibilidades de optar a carrera militar si así lo desean.
El anuncio ha suscitado ya reacciones diversas dentro del espectro político y social francés. Aunque la mayoría de la clase dirigente y de la opinión pública percibe la medida como una respuesta prudente a la creciente inseguridad internacional, algunos sectores señalaban preocupaciones acerca de su coste, su carácter incentivado —con retribución mensual inferior al salario mínimo según ciertos medios— y el riesgo de usarla como herramienta de movilización en tiempos de crisis.
