El Tribunal de Cuentas ha dado este lunes un giro procesal a la aplicación de la amnistía sobre los gastos del procés al abrir un plazo de diez días para que acusaciones y defensas se pronuncien sobre si cabe excluir del perdón legal aquellas partidas que se sufragaron con fondos de la Unión Europea. La medida afecta a una treintena de exaltos cargos del Govern de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como el líder de ERC Oriol Junqueras.
La decisión llega días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley española de amnistía y resolviera las ocho cuestiones prejudiciales que el propio Tribunal de Cuentas había planteado sobre la responsabilidad contable derivada del uso de fondos públicos para financiar el procés. El TJUE admitió las ocho cuestiones y concluyó, en dos de ellas, que la ley de amnistía es contraria en algunos aspectos al derecho comunitario, en concreto al imponer a los tribunales la obligación de resolver en un máximo de dos meses y levantar las medidas cautelares sin esperar el pronunciamiento de la justicia europea. El fallo también rechazó las alegaciones de los encausados que cuestionaban la independencia e imparcialidad del propio Tribunal de Cuentas.
En su providencia el órgano fiscalizador pide a las partes que aporten documentación sobre el origen de los fondos que sufragaron el proceso independentista, en previsión de que aquellos gastos costeados con dinero europeo puedan quedar fuera del alcance de la amnistía. El propio Tribunal de Cuentas ha precisado que el procedimiento «continuará su tramitación conforme a derecho» una vez las partes se hayan pronunciado.
Las defensas de los encausados discrepan frontalmente de este planteamiento. Consideran que, tras el aval del TJUE a la amnistía de la malversación, el Tribunal de Cuentas debería limitarse a aplicar el perdón legal de forma inmediata y sin más dilaciones, sin abrir una nueva vía de análisis sobre el origen del dinero. En la causa está personada también, como acusación, la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana. El nuevo retraso deja en suspenso, por el momento, la resolución definitiva sobre la responsabilidad contable de los máximos dirigentes del procés.
