El devastador terremoto de magnitud 6.0 que sacudió el este de Afganistán el pasado 31 de agosto no solo dejó un rastro de destrucción material, con más de 2.200 muertos y 3.700 heridos, sino que ha puesto al descubierto una tragedia de género profundamente arraigada en las políticas del régimen talibán. Las estrictas leyes islamistas que prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres no emparentados han convertido a mujeres y niñas en las principales víctimas del seísmo, al limitar drásticamente su acceso a la ayuda y la atención médica. La escasa presencia de mujeres en los equipos de rescate, combinada con las restricciones impuestas por los talibanes, ha condenado a muchas al abandono bajo los escombros, en un drama que las organizaciones humanitarias califican de “catástrofe previsible”.
El terremoto, con epicentro a 27 kilómetros al este de Nangarhar y un hipocentro a solo 8 kilómetros de profundidad, irrumpió a las 23:47 hora local del domingo 31 de agosto, cuando la mayoría de las familias dormían en sus frágiles casas de adobe. Las provincias de Nangarhar y Kunar, cercanas a la frontera con Pakistán, fueron las más afectadas, con aldeas enteras reducidas a escombros. Según la ONU, el saldo provisional de víctimas incluye más de 2.200 fallecidos y 3.700 heridos, aunque las autoridades temen que estas cifras crezcan a medida que los equipos de rescate accedan a zonas remotas bloqueadas por deslizamientos de tierra.
Sin embargo, las estadísticas ocultan una realidad aún más sombría: las mujeres y los niños representan la mayoría de las víctimas. Este desequilibrio no es casual. Las políticas talibanes, que confinan a las mujeres al ámbito doméstico, las exponen de manera desproporcionada a los peligros de los seísmos, ya que sus hogares, carentes de refuerzos sísmicos, se convierten en “trampas mortales”. La hora del desastre, en plena noche, agravó esta vulnerabilidad, atrapando a muchas familias bajo los escombros de construcciones precarias.
En un hospital de la provincia de Kunar, una de las áreas más golpeadas por el terremoto, se informó que más de 50 hombres estaban ingresados, en contraste con apenas una docena de mujeres, no debido a una menor necesidad médica, sino a un acceso marcadamente desigual a la atención sanitaria.
“La escasa presencia de mujeres en los equipos de rescate ha destinado al abandono a las mujeres y niñas víctimas del seísmo”, denunció un informe de la ONU. En muchos casos, las familias han preferido dejar morir a las mujeres antes que permitir que un hombre desconocido las toque, incluso para salvarles la vida, debido al estigma asociado con la violación del “honor familiar”. Esta situación se ve agravada por la prohibición talibán de que las mujeres sean atendidas por médicos varones, combinada con la casi nula presencia de personal sanitario femenino, consecuencia de las restricciones a la educación femenina.
La respuesta humanitaria se ha visto además obstaculizada por factores logísticos. Los deslizamientos de tierra provocados por el terremoto han bloqueado carreteras clave, dificultando la llegada de ayuda a zonas remotas. La financiación escasa, sumada a los recortes en los servicios esenciales de salud y nutrición, ha limitado la capacidad de las organizaciones internacionales para actuar con rapidez. A pesar de ello, la ONU ha desembolsado 10 millones de dólares para proporcionar refugio, alimentos, agua y apoyo logístico, mientras los equipos de socorro trabajan incansablemente para atender a los damnificados.
El Gobierno talibán, por su parte, ha destinado 14 millones de dólares y ha desplegado helicópteros para evacuar a las víctimas, según el portavoz Zabihullah Mujahid. Sin embargo, su insistencia en aplicar las leyes de la Sharía, que prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres no emparentados, ha generado críticas de organizaciones como UN Women, que exige priorizar a mujeres y niñas en la respuesta humanitaria. “La asistencia debe llegar a todas las personas, sin restricciones basadas en género”, afirmó la organización en un comunicado.
