El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelación ha desestimado los recursos presentados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado, por lo que García Ortiz queda a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, mientras que Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, ha quedado fuera de la causa tras el archivo unánime de su procesamiento.
La investigación, dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, concluyó tras ocho meses de diligencias. El auto de procedimiento abreviado reconoce indicios suficientes de que García Ortiz pudo facilitar a un medio de comunicación información sensible concerniente a un email enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado defensor, en el que se admitía la comisión de delitos fiscales a cambio de pactar con la Fiscalía. El documento también apunta a que esta revelación se produjo “a raíz de indicaciones de Presidencia del Gobierno”, lo cual introduce matices políticos al caso.
García Ortiz ha rechazado dimitir y reafirmado públicamente su inocencia. En un escueto comunicado, reiteró su compromiso con la institución y defendió que la información ya era pública antes de su actuación, por lo que no podría considerarse “secreta” ni delictiva. También apunta al entorno del propio González Amador, en especial al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como posible fuente original de la filtración.
El Supremo ha adoptado una postura mayoritaria favorable a avanzar hacia el juicio oral contra García Ortiz, estimando que hay indicios claros. No obstante, ha revocado el procesamiento de Pilar Rodríguez al entender que no existen razones suficientes para proseguir contra ella.
Esta causa tiene un impacto político notable. El PP, representado por su líder Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz, afirmando que “quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”. En contraste, el Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general y confía en que el proceso judicial siga su curso con normalidad.
García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general del Estado en la historia democrática en ser procesado por la Justicia. La causa será vista próximamente en el Tribunal Supremo, donde se decidirá si se abre juicio oral por un delito que conlleva penas de hasta 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación profesional
