El Partido Popular (PP), en su condición de acusación popular del llamado Caso Koldo, ha presentado un escrito urgente ante el Tribunal Supremo en el que solicita que se requiera al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la entrega completa de todos los movimientos de caja, ingresos y salidas en efectivo, desde el año 2017. La petición incluye también la identificación de los perceptores de esos pagos y los conceptos a los que respondían.
El trasfondo de la solicitud se encuentra en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala desembolsos en efectivo por un importe aproximado de 95.437 euros vinculados al ex ministro José Luis Ábalos, pagos que, según los investigadores, provendrían de ingresos no declarados y efectuados sin coincidencia en la contabilidad aportada por el PSOE.
En su escrito, el PP reclama al tribunal que exhorte al PSOE a remitir, con carácter urgente, “los movimientos de salidas, conceptos a que obedecen y perceptores de todo el dinero que llegó a la caja del partido desde el año 2017”, así como los movimientos de bancos a caja, no solo el resumen anual sino “el detalle de cada uno de los ingresos”. También solicita que se aporte la normativa interna del PSOE para el reembolso de gastos desde 2017 y la política de conservación de documentación contable y financiera.
La intervención del tribunal se torna clave dado que el ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido están citados como testigos el próximo 29 de octubre para declarar en esta causa. El PP considera que disponer antes de esas declaraciones de toda la documentación solicitada permitirá “aprovechar plenamente” el testimonio.
El PSOE, por su parte, rechaza cualquier financiación irregular y defiende que todos los pagos, incluido el efectivo, fueron debidamente justificados con facturas y libros contables, negando la existencia de una contabilidad paralela. Sin embargo, el informe de la UCO destaca “una falta de concordancia” entre las cifras que declara el partido y las que los investigadores han detectado.
Este movimiento procesal incrementa la presión sobre el PSOE en una causa que plantea graves preguntas sobre transparencia y gestión del dinero dentro de los partidos políticos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta la petición del PP y exige al PSOE la documentación requerida, lo que podría abrir una nueva fase en la instrucción del caso.
