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El magistrado Juan Carlos Peinado ha señalado en un nuevo auto que la presunta implicación de Begoña Gómez en delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado tiene como origen «su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno», Pedro Sánchez. Según el juez, ese vínculo sería «fundamental» para apreciar la posible concurrencia de los delitos que se le imputan.
La resolución considera que los hechos deben investigarse de manera conjunta por su carácter conexo y que, en caso contrario, se produciría una ruptura de la causa. Además, sostiene que ya existe «verosimilitud» en las acusaciones tras las diligencias practicadas hasta la fecha. Por ello, el magistrado transforma el procedimiento para que sea el Tribunal del Jurado quien juzgue el caso, al entender que concurren «indicios racionales, fundados y sólidos» de comisión delictiva.
El auto cita a Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, asistente en Moncloa, a comparecer el próximo 6 de octubre para comunicarles la decisión. Se trata de la pieza principal abierta en abril de 2024 a raíz de la querella de Manos Limpias, en la que se investigan supuestas irregularidades cometidas por la esposa de Sánchez desde su llegada a Moncloa y en beneficio de negocios privados. La Fiscalía se ha mostrado partidaria de archivar el procedimiento, mientras que las acusaciones populares lo han sostenido.
La investigación se centra en la relación entre Gómez y Barrabés, empresario que, a través de su firma Innova Next y en unión con otras sociedades, habría accedido a contratos públicos gracias a su vínculo con la esposa del presidente. Un informe reciente de la Intervención General del Estado, elaborado para la Fiscalía Europea, apuntó a un posible «fraude de ley» en adjudicaciones de Red.es. El documento señala que se habrían eludido comités de expertos en la evaluación y que cartas de recomendación, algunas firmadas por Gómez, influyeron de manera positiva en la concesión de los contratos.
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid limitó el alcance de la instrucción —excluyendo la participación de Gómez en el rescate de Air Europa—, el juez mantiene abierta la investigación sobre su papel en las adjudicaciones vinculadas a Barrabés. En caso de celebrarse juicio, será un jurado popular quien determine la responsabilidad penal de Gómez y los otros dos investigados.
