El Gobierno ha acordado este martes instar a la Fiscal General del Estado a investigar y, en su caso, perseguir posibles delitos de violencia sexual digital cometidos contra menores en las principales redes sociales. Esta decisión, que se ampara en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha sido adoptada en Consejo de Ministros y se apoya en un informe técnico elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que ya había alertado con anterioridad de la afección de estas prácticas a los niños y niñas. “No podemos permitir que a través del algoritmo se puedan amplificar o amparar” estos delitos, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad”.
En el informe citado se analizan las posibles responsabilidades penales de prácticas cada vez más extendidas en el entorno digital como la generación y difusión de contenidos sexuales y pornografía infantil a través las ultrafalsificaciones (deepfakes) y la manipulación de imágenes reales para crear otras de contenido sexual explícito y menoscabar la dignidad de las víctimas. De la misma forma, el informe alerta de la posible participación de las redes sociales en estos hechos, ya que “permite su difusión masiva con una velocidad y opacidad que dificultan enormemente la detección y persecución, al tiempo que favorece la articulación de redes que producen, comparten y monetizan estos contenidos”.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cursa esta solicitud acordada en el Consejo de Ministros, “en defensa del interés público, la seguridad y dignidad de la infancia española en su conjunto”. En concreto, se solicita al Ministerio Fiscal que, dentro de su autonomía y tras oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, analice e investigue estos hechos y ejerza las acciones penales que estime pertinentes y, además, se establezcan criterios de actuación y medidas concretas que permitan a las posibles víctimas y a sus tutores y representantes legales hacer valer sus derechos ante la Fiscalía. En enero, el Ministerio de Juventud e Infancia ya alertó de la necesidad de que la Fiscalía estudiase estos posibles delitos cometido.
Un entorno donde prolifera la violencia sexual digital que pone en riesgo a los menores
Esta acción responde al surgimiento de un ecosistema de riesgo sin precedentes para la explotación sexual en el ámbito digital, especialmente de menores. La convergencia de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y las redes sociales masivas ha generado un entorno propicio para la creación y difusión de deepfakes hiperrealistas, y para la proliferación de canales opacos que distribuyen y monetizan estos contenidos. Según datos de la Comisión Europea, el 98% de estos deepfakes son de carácter pornográfico.
La violencia sexual digital ha escalado a niveles inéditos en las redes sociales. En España, una de cada cinco personas jóvenes, especialmente niñas y adolescentes, afirma haber sufrido la difusión de falsos desnudos suyos creados con IA siendo menores. Además, un tercio asegura haber sufrido acoso sexual digital durante su infancia, según datos de Save the Children.
El Gobierno considera que, además de la gravedad del daño individual causado a las víctimas y sus familias, la situación afecta también a la seguridad y dignidad de la infancia española en su conjunto. “La evidente impunidad con la que se actúa en el ámbito de internet y de las redes sociales obliga a que las instituciones públicas recurran a todos los mecanismosexistentes para luchar contra este fenómeno”, señala el acuerdo alcanzado en
el Consejo de Ministros.
Investigaciones internacionales
Con esta iniciativa, España se suma a los países e instituciones de nuestro entorno que ya están tomando medidas al respecto. En Francia, la fiscalía está investigando a X por la generación de deepfakes de carácter sexual. En Italia, la autoridad de protección de datos señaló que este tipo de hechos podrían llegar a dar lugar a responsabilidades penales. La Comisión Europea está investigando el caso de Grok y TikTok bajo la Digital Service Act (DSA) y, en 2024, ya inició procedimientos contra Meta y TikTok por difusión de contenidos ilícitos. Fuera de la Unión Europea, países como el Reino Unido, Malasia, Indonesia, Kenia y diversos estados de EEUU también han abierto diligencias por estos hechos.
Esta es la primera de las acciones previstas en el paquete de medidas para regular las redes sociales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Cumbre de Gobiernos celebrada a principios de febrero en Dubái. Comienza así a dar cumplimiento a la agenda que busca “poner orden” en un espacio digital donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, como afirmó en este encuentro.
