El Gobierno de Canarias ha dado un paso más en su estrategia “Agenda Canaria 2030” integrando de manera formal a la Universidad de La Laguna (ULL) (y a la ULPGC) como pieza operativa y ‘legitimadora’ de dicha agenda.
Lo hace mediante un convenio entre la Viceconsejería de la Presidencia y la Fundación General de la ULL para desarrollar el programa “Compromiso de la Universidad de La Laguna con la Agenda Canaria 2030 (2025-2026)”, dotado con 259.000 euros y pagado íntegramente por anticipado.
En términos políticos, el movimiento es claro, convirtiendo la “agenda” en un paraguas de acción institucional con proyectos, equipos, cronograma, actos y difusión. Pero, ¿es una apuesta por políticas basadas en evidencia o una forma de fabricar evidencia con sello académico para sostener una narrativa gubernamental?
El convenio
El convenio sitúa a la Fundación General de la ULL —entidad que actúa como “medio propio” universitario— como ejecutora administrativa y económica. Ahí aparece la primera pregunta: cuando la Administración paga y la universidad ejecuta, ¿quién controla el enfoque, el contenido y los resultados?
La letra del acuerdo habla de coordinación, comisión de seguimiento y memoria final, pero el riesgo es que el programa se evalúe por actividad (talleres, jornadas, campañas, materiales) más que por impacto en forma de datos abiertos, indicadores verificables y decisiones concretas adoptadas por el Gobierno a partir de esos resultados.
La ULL como actor político de facto
El programa enumera diez proyectos que cubren casi todo el menú “2030”: educación para el desarrollo sostenible, agenda verde universitaria, análisis de riesgos climáticos municipales, planificación para descarbonizar sistemas eléctricos (PEDSECAN), conexión universidad–FP, gestión sostenible del agua en hoteles, innovación rural (RuralLab), propuestas habitacionales para jóvenes, turismo inteligente y sostenible, y continuidad del laboratorio LIDESCAN.
Esa amplitud tiene dos lecturas: puede ser transversalidad bien entendida, o puede ser una dispersión funcional a la comunicación, donde todo cabe bajo el mismo lema y el relato se impone al detalle técnico.
La ULL, por tamaño e influencia social, es un actor decisivo en Canarias. Cuando la institución aparece como “agente estratégico” de una agenda gubernamental, el debate ya no es solo académico, es de gobernanza.
Porque una universidad pública puede jugar dos papeles muy distintos, como contrapeso crítico (señalando límites, fallos, coste de oportunidad, prioridades incómodas) o socio institucional (produciendo informes, metodologías y diagnósticos que se alinean con la arquitectura política del momento).
La frontera es fina y se vuelve más fina cuando el propio convenio regula la difusión y el uso de logos, y cuando se abre la puerta a resultados susceptibles de explotación compartida.
Otro punto sensible es el diseño. ¿Cómo se eligen estos proyectos? ¿Qué entregables concretos va a recibir la ciudadanía más allá de “memorias” y “acciones de sensibilización”?
Con 259.000 euros no se compra una transformación estructural, pero sí se puede financiar producción de discurso con autoridad: diagnósticos, inventarios, guías, hojas de ruta y, sobre todo, un marco que presenta la Agenda como consenso técnico y no como opción política discutible.
El caso energético como prueba de fuego
Como ejemplo, el proyecto energético PEDSECAN plantea simulaciones, escenarios y recomendaciones para descarbonizar sistemas eléctricos insulares.
Si el resultado sirve para empujar decisiones difíciles —redes, almacenamiento, calendario realista, cuellos de botella administrativos— tendrá valor público. Si termina en una “hoja de ruta” que no obliga a nada, será otro documento elegante en una estantería institucional.
La ULPGC también aparece implicada en el ecosistema que se quiere activar: LIDESCAN plantea colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y un actor externo. Ese matiz es relevante porque sugiere el objetivo de construir una red universitaria ampliada en torno a la Agenda.
Todo esto puede ser problemático si deriva en una “infraestructura de consenso” que reduce el espacio para la crítica.
Porque, en el fondo, la pregunta no es si universidad y Gobierno deben colaborar, lo cual nadie duda, sino en qué términos. Transparencia, evaluación independiente, reutilización real de resultados y trazabilidad del gasto marcarán la diferencia entre un programa útil y un mero instrumento de relato.
Al final, esto último es lo que parece.
