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domingo, 18 enero,2026

El Gobierno redujo medios aéreos contra incendios por falta de presupuesto

El Ejecutivo sabía desde finales de 2024 que llegaría al verano con un dispositivo aéreo más corto. Un informe interno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocido en diciembre, ya anticipaba que, bajo la prórroga de las cuentas públicas, se contratarían 42 aviones y helicópteros, cinco menos que en campañas anteriores. La previsión se ha convertido en realidad a medida que avanza la temporada de alto riesgo y se multiplican las salidas por simultaneidad de incendios.

La prórroga presupuestaria obligó a ajustar partidas en varios contratos plurianuales del Estado, entre ellos los vinculados a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y a Medio Natural. En el caso de la lucha contra incendios, esa tijera se tradujo en un catálogo más reducido de anfibios Canadair, helicópteros bombarderos y aviones de coordinación, con especial impacto en los refuerzos que el Ministerio despliega en apoyo de las comunidades autónomas durante picos de calor y episodios de vientos fuertes.

Las autonomías han mantenido, con recursos propios, la mayor parte del músculo terrestre —brigadas, retenes, autobombas y maquinaria pesada—, pero la menor disponibilidad de aeronaves estatales ha tensado la cobertura en semanas de altas temperaturas y humedades relativas bajas. Técnicos de varios servicios de extinción subrayan que los medios aéreos no apagan por sí solos un gran incendio, aunque sí son decisivos en lanzamientos tempranos, anclaje de líneas y apoyo a maniobras de contrafuego cuando la topografía complica el acceso.

El Ministerio sostiene que el dispositivo sigue siendo “suficiente y eficaz” para dar cobertura a las solicitudes autonómicas a través del 112 y del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Añade que la ejecución se ha priorizado hacia aeronaves con mayor capacidad de descarga por hora y hacia bases estratégicas de rotación rápida, con el fin de compensar la reducción numérica. Las centrales sindicales, por su parte, reclaman acelerar nuevas licitaciones y estabilizar las plantillas de BRIF y pilotos para evitar los baches de disponibilidad entre contratos.

Detrás del ajuste late un problema más amplio: el calendario de compras públicas rara vez encaja con la ventana meteorológica en la que se deciden las campañas. La contratación de flotas arrastra plazos largos —pliegos, recursos, adjudicación, certificaciones— y cuando opera una prórroga presupuestaria la administración pierde margen para ampliar parque o reforzar bases con medios adicionales. El resultado es un dispositivo menos elástico justo cuando los episodios extremos se adelantan a la primavera y se prolongan hasta el otoño.

Los consorcios provinciales y los mandos de extinción repiten una idea: importa tanto cuándo llega el avión como cuántos hay. Las primeras veinte a cuarenta y cinco minutos sobre un conato en combustible fino —matorral seco, pasto— pueden marcar la diferencia entre un fuego estabilizado y un frente que se desborda ladera arriba. Si la aeronave tarda porque está atendiendo otra emergencia a cientos de kilómetros, el terreno manda y el incendio se hace mayor.

El Gobierno prepara ahora un paquete de contratos puente para 2026 y asume que la coordinación con Defensa —que aporta pilotos e ingenieros— y con Interior —logística y comunicaciones— deberá ganar precisión. En paralelo, varias comunidades piden blindar una dotación mínima estatal independientemente del ciclo presupuestario y vincularla a umbrales objetivos de riesgo (olas de calor, rachas superiores a 40 km/h, índices Haines elevados) que activen automáticamente refuerzos.

Con el verano aún por delante, nadie en los servicios operativos quiere dar por cerrada la temporada. El balance final dependerá de la meteorología de agosto y septiembre y, sobre todo, de la capacidad para llegar antes y llegar bien a cada ignición. La lección que deja la prórroga es clara: la lucha contra incendios necesita presupuestos estables y contratos a prueba de sobresaltos administrativos para que la primera descarga de agua o retardante no dependa de una firma que llegó tarde.

Redacción
Redacción
Equipo de Redacción de elburgado.com

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