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El Gobierno publica una nueva Guía de Lenguaje Inclusivo para la Administración que apuesta por visibilizar a mujeres y personas no binarias

El Instituto de las Mujeres ha presentado la Guía de Lenguaje Inclusivo para la Administración, un manual de 68 páginas que busca transformar la redacción de documentos públicos para hacerlos más equitativos y representativos de la diversidad de género.

La guía, firmada por Ana Isabel Zamorano Rueda y María Beatriz Pérez Cabello de Alba, parte de la premisa de que el lenguaje no es neutro, sino que construye realidad social. Según sus autoras, el uso sistemático del masculino genérico invisibiliza a las mujeres y perpetúa estructuras patriarcales, citando trabajos clásicos de lingüistas como Mercedes Bengoechea y referencias a Judith Butler o Ursula K. Le Guin.

Principales recomendaciones

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

La guía incluye modelos de documentos, una tabla comparativa entre usos tradicionales e inclusivos, y un glosario con expresiones recomendadas. Además, justifica estas prácticas en el marco normativo español, recordando la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad y la más reciente Ley 4/2023 para la igualdad de personas trans y LGTBI.

Argumentos y controversia

El texto argumenta que el lenguaje moldea la percepción del mundo y que “lo que no se nombra no existe”. Sus autoras sostienen que el masculino genérico no es verdaderamente inclusivo, sino que produce un “efecto de borrado” de las mujeres en la esfera pública.

La publicación se enmarca en una línea de trabajo ya iniciada en instituciones como el Congreso de los Diputados, que en 2025 reformó su Reglamento para adaptar su redacción al lenguaje inclusivo.

Previsiblemente, la guía reavivará el debate sobre los límites entre corrección política, evolución natural del lenguaje y prescripción desde las instituciones. Mientras sus defensoras la ven como un avance hacia una democracia más representativa, sus detractores suelen argumentar que complica la comunicación y atenta contra la economía del lenguaje.

Objetivo final

Según el documento, el uso de un lenguaje inclusivo no solo responde a un mandato legal y ético, sino que mejora la claridad, reduce ambigüedades y fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La guía se dirige especialmente a personal de la Administración General del Estado, pero sus recomendaciones son extrapolables a otras administraciones y al ámbito privado.

La publicación ya está disponible y se espera que sirva de referencia para la redacción de convocatorias, informes, resoluciones y comunicaciones oficiales en los próximos años.

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