La ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales vuelve a quedar en pausa. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha decidido aplazar la votación prevista para el próximo 22 de julio en el Congreso de los Diputados, al no haber logrado un acuerdo con Junts per Catalunya. La medida, una de las principales banderas de Sumar, tendrá que esperar previsiblemente hasta septiembre.
Desde el entorno de la vicepresidenta segunda se asegura que el retraso se debe a la falta de avances en las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont. La distancia entre ambas formaciones, reconocen fuentes de Sumar, hacía inviable alcanzar un pacto antes de la fecha inicialmente fijada.
Pese a que desde Sumar apuntan a una petición de Junts para ampliar el plazo, la formación independentista lo niega tajantemente. Según ha afirmado Junts, fue el propio Ministerio de Trabajo quien decidió excluir la propuesta del orden del día del próximo Pleno del Congreso. El grupo parlamentario que encabeza Míriam Nogueras ha reiterado que no solicitó aplazamiento alguno.
Junts ha justificado su postura alegando la necesidad de proteger a pymes, autónomos y trabajadores catalanes, colectivos que –según argumentan– podrían verse afectados por una implementación apresurada de la medida. Desde la formación insisten en que cualquier reforma laboral de calado debe nacer del consenso, y no ser fruto de acuerdos cerrados únicamente en el seno del Gobierno.
El retraso de la ley se produce en un momento de creciente inestabilidad política, marcado por casos como los de Santos Cerdán o José Luis Ábalos, y en medio de una legislatura que necesita del respaldo de partidos como Junts para avanzar. En este escenario, un rechazo de los de Puigdemont podría interpretarse como un síntoma de distanciamiento con respecto al Ejecutivo que ayudaron a investir.
Tras la última ronda de reuniones, ambas partes reconocen que las posiciones siguen alejadas. Desde el Ministerio de Trabajo se aboga ahora por prolongar las conversaciones durante el verano, con el objetivo de retomar la tramitación parlamentaria en septiembre. “Queremos un acuerdo sólido, no una aprobación forzada”, señalan fuentes de Sumar.
La reducción de la jornada laboral es una de las grandes apuestas de Yolanda Díaz en esta legislatura. En las últimas semanas ha instado a los sindicatos a movilizarse en su defensa y ha reiterado que el cambio es necesario para adaptar las condiciones laborales a los retos del siglo XXI. No obstante, sin un apoyo parlamentario claro, la medida vuelve a quedar en el aire.
