El Consulado General de España en Buenos Aires acumula más de 645.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, lo que ha derivado en un colapso administrativo sin precedentes. La documentación física vinculada a estos trámites ya supera las 56 toneladas de papel.
Ante la magnitud del atasco, el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha tomado una decisión inédita. El Ministerio, junto con el propio Consulado en Buenos Aires, ha decidido externalizar la carga de datos en papel al Registro Civil electrónico con el fin de agilizar esta fase de la tramitación, encargando a una empresa privada la digitalización de los expedientes e introducción de datos en el sistema Dicireg.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha aprobado una propuesta para que este modelo de apoyo externo, basado en la externalización de tareas de recogida, revisión, digitalización y carga de datos, pueda aplicarse también en otros consulados que concentran expedientes pendientes, más allá de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.
Hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había registrado 876.321 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 366.579 correspondían a residentes en Argentina, el 42% del total global. De ellos, 174.277 argentinos ya habían obtenido la ciudadanía española.
La decisión tiene también una lectura política. Argentina es históricamente el principal caladero electoral del PSOE en el exterior y el territorio con mayor capacidad de alterar los resultados provinciales en unas elecciones generales, lo que convierte la aceleración de estas nacionalizaciones en un asunto que va más allá de la gestión administrativa. Los nuevos ciudadanos españoles quedarán automáticamente inscritos en el censo electoral, con capacidad de voto en las próximas generales.