El Gobierno español ha anunciado un ambicioso plan para transformar la Administración Pública mediante el uso de la inteligencia artificial (IA). La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, busca agilizar los trámites, eliminar la obligatoriedad de la cita previa y renovar los procedimientos de selección de personal. Este paquete reformista incluye además la puesta en marcha de un máster para aspirantes a cuerpos superiores, una agencia digital y una ley de ciberseguridad.
El ministro José Luis Escrivá ha confirmado que, a lo largo de esta legislatura, se modificará el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común para suprimir la exigencia de cita previa obligatoria en las oficinas físicas de la Administración Pública. La idea es permitir que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos por diversas vías —presenciales o digitales— sin trámites previos obligados, haciendo la atención más flexible y cercana.
La reforma se completa con el desarrollo de plataformas y asistentes basados en IA. El Ministerio ya está pilotando “hubs” digitales diseñados para atender mejor a colectivos vulnerables y zonas con reto demográfico, y ha definido un gestor documental central inteligente que evaluará automáticamente la complejidad de los textos administrativos para adaptarlos a un lenguaje más claro y accesible para la ciudadanía.
Este giro hacia la automatización también acompaña una nueva propuesta de acceso a la función pública: se sustituirán las oposiciones tradicionales para cuerpos A1 y A2 por un máster de dos años. Ese posgrado incluirá formación teórica, práctica y un examen final cuyo aprobado será garantía de plaza. Quienes no accedan a una posición pública obtendrán un título de posgrado, con ayudas económicas previstas para asegurar la igualdad.
Según fuentes del Ministerio, la inversión en inteligencia artificial asciende a 14 millones de euros, que se suman a la creación de la futura Agencia de la Administración Digital y la Ley de Ciberseguridad propuesta en un futuro cercano. Todas estas medidas forman parte de un modelo de administración digital, omnicanal y ciudadano‑centrado.
Reacciones del sector apuntan al debate entre eficiencia, transparencia y profesionalización. Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, defiende el uso de la IA como herramienta para eliminar cargas burocráticas internas. Al mismo tiempo, alerta del riesgo de «burrocracia digital» si los gestores no reciben formación adecuada, y hace énfasis en que eliminar la cita previa debe venir acompañado de control técnico para evitar acaparamiento de turnos mediante bots.
En resumen, las medidas anunciadas por el Gobierno —el fin de la cita previa obligatoria, la automatización con IA y la renovación en los procesos de selección— configuran un ambicioso proyecto de reforma que pretende modernizar por dentro y por fuera una Administración pública más eficaz, inclusiva y profesional.
