Casi un año después de que entrara en vigor la Ley ELA, el Gobierno ha dado por fin un paso decisivo: en la reunión del Consejo de Ministros de este martes se aprobó un real decreto-ley que moviliza 500 millones de euros para financiar integralmente la norma, que hasta ahora había permanecido como un compromiso sin dotación firme.
La medida no se limita al desbloqueo presupuestario. El decreto introduce también la creación de un nuevo grado de dependencia extrema, denominado Grado III +, específicamente diseñado para personas que padecen enfermedades sin tratamiento curativo, presentan una rápida evolución hacia altos niveles de discapacidad y dependencia, y requieren cuidados sanitarios y sociales de alta complejidad.
Según explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la norma establece además una prestación mensual de hasta 9.860 euros (aproximadamente 10.000 euros) a favor de cada paciente que acceda a este nuevo grado, una ayuda que estará cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas a partes iguales.
El decreto llega tras un año de espera angustiosa para miles de afectados por la ELA y otras enfermedades de alta complejidad, quienes habían denunciado que la ley aprobada por unanimidad quedaba “en papel mojado” ante la falta de recursos efectivos.
En el comunicado oficial de La Moncloa se subraya que estos 500 millones “no solo dan cumplimiento al mandato de la Ley ELA, sino que fortalecen el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en su conjunto” y sitúan la inversión estatal total en dependencia en cerca de 3.729 millones de euros para este ejercicio.
Las asociaciones de pacientes, como ConELA, califican la aprobación como “un avance histórico”, pero advierten que el verdadero reto llega ahora: que los fondos se materialicen sin lentitud burocrática, que el Grado III + sea reconocido con agilidad y que las comunidades autónomas actúen sin demora. “Las camas, las sillas de ruedas y los cuidados de 24 h no pueden esperar más”, señalaban ayer.
Desde el Gobierno se reconoce la tardanza. “Soy consciente del dolor y la angustia que han vivido muchos afectados y sus familias”, dijo el ministro Bustinduy, quien añadió que “este decreto completa la ley y marca un antes y un después en la protección social de quienes padecen condiciones incurables y necesitarán atención intensiva”.
Queda por ver, sin embargo, cómo se implementará en la práctica: las comunidades autónomas tienen las competencias de la dependencia, y el reparto efectivo del dinero así como la instrumentación del nuevo grado serán vigilados con lupa por los colectivos y la oposición. Algunos consejeros autonómicos ya han expresado su preocupación por los plazos y por si la mitad del coste asumida por las comunidades se convertirá en una barrera.
La aprobación del decreto-ley de 500 millones para la Ley ELA representa un compromiso concreto tras meses de espera, y abre una nueva etapa para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y enfermedades similares: un grado de dependencia hasta ahora inexistente, recursos añadidos, y la promesa de una atención 24 horas. El tiempo dirá si esta promesa se traduce en hechos y llega a quienes más lo necesitan, sin más demoras.
