El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por una postura pragmática ante la incertidumbre parlamentaria: no presentará un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin contar con garantías previas de aprobación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificó esta decisión argumentando que «no se puede hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos». Una postura que, más allá de la lógica política, abre interrogantes sobre el papel del Gobierno en la gestión de sus responsabilidades legislativas.
Este enfoque ha generado discrepancias en el seno de la coalición gubernamental. Sumar, socio minoritario del PSOE, insiste en que el Ejecutivo tiene «la obligación» de llevar los presupuestos al trámite parlamentario e intentar conseguir los apoyos necesarios. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de la formación, defendió en una entrevista en TVE que en política «no hay nada imposible» y que «no hay que rendirse», sugiriendo que el Gobierno debería hacer un mayor esfuerzo negociador en lugar de condicionar la presentación de las cuentas al respaldo previo de otras fuerzas políticas.
Mientras tanto, el Gobierno se aferra a la viabilidad de la prórroga de los Presupuestos de 2023. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha restado importancia a la ausencia de un nuevo proyecto, señalando que la Constitución ya prevé mecanismos para prorrogar las cuentas. Además, ha defendido que los presupuestos actualmente en vigor han impulsado un crecimiento económico superior a la media de la Unión Europea, tratando de minimizar la relevancia del estancamiento en la renovación presupuestaria.
Desde Moncloa insisten en que la gobernabilidad no está comprometida. Subrayan que, a pesar de la «dificultad parlamentaria», han logrado aprobar 28 leyes desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, esta justificación parece obviar que los Presupuestos son la herramienta clave para definir el rumbo económico del país y que su no presentación refleja una debilidad estructural del Gobierno en la gestión de sus apoyos.
El Ejecutivo también ha tratado de relativizar su situación comparándola con la de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Alegría mencionó los casos de Madrid y Castilla y León, donde en seis años solo se han aprobado tres ejercicios presupuestarios, intentando equiparar la coyuntura nacional con estas gestiones autonómicas. Sin embargo, esta comparación omite un detalle crucial: un Gobierno central tiene una mayor responsabilidad en la estabilidad económica del país, lo que convierte la falta de Presupuestos en una cuestión de calado mayor.
En paralelo a esta controversia presupuestaria, el Gobierno ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la decisión de la Comunidad de Madrid de no declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Este edificio, sede del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, albergó durante la dictadura la Dirección General de Seguridad, donde se cometieron torturas. Desde el Ejecutivo central justifican esta impugnación asegurando que el Gobierno autonómico rechazó el diálogo propuesto por el Ministerio de Política Territorial. Este nuevo choque institucional no hace más que evidenciar el creciente enfrentamiento entre Moncloa y la Puerta del Sol, en un contexto donde los debates históricos y la gestión del pasado siguen siendo un campo de batalla política.
En definitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por una estrategia de prudencia política en la cuestión presupuestaria, evitando una posible derrota parlamentaria, pero a costa de reforzar la percepción de bloqueo institucional. La apuesta por la prórroga presupuestaria puede ser una solución técnica, pero políticamente deja en evidencia la fragilidad de los equilibrios parlamentarios de la actual legislatura.
