Comprar una vivienda en Canarias se ha convertido en una fuente constante de tensión para miles de familias.
Más allá de la ilusión de adquirir casa propia, el mercado inmobiliario del Archipiélago está generando un nivel de estrés financiero significativo, reflejo de una realidad donde los precios avanzan con rapidez mientras los ingresos no lo hacen al mismo ritmo.
Un reciente estudio sobre bienestar financiero e hipotecario en España sitúa a Canarias entre las comunidades donde una parte relevante de los hipotecados reconoce sufrir estrés frecuente asociado a su vivienda.
La cifra —un 32,2 %— coloca al Archipiélago por encima de territorios como Madrid o Cataluña en presión declarada, algo llamativo teniendo en cuenta la situación actual del ladrillo en las dos principales ciudades españolas. No sorprende, sin embargo, si se analiza el contexto estructural de las Islas.
Precios que no encajan con los salarios
Los precios de la vivienda en Canarias han registrado incrementos sostenidos en los últimos años.
Según datos oficiales, en 2025 la vivienda nueva y la de segunda mano experimentaron subidas interanuales superiores al 12 %, porcentajes por encima de la media nacional. El precio medio de compraventa ronda ya los 3.000 euros por metro cuadrado, con municipios turísticos donde esa cifra se dispara notablemente.
El mercado del alquiler tampoco ofrece alivio. En el último año los arrendamientos han subido en torno a un 12 % interanual, situando el metro cuadrado entre los 14 y 16 euros mensuales en las dos provincias.
En zonas tensionadas, los alquileres superan con facilidad los 1.200 o 1.500 euros mensuales, cifras que contrastan con una de las medias salariales más bajas del país.
El resultado es una ecuación desequilibrada, con la vivienda al precio de las economías más potentes y salarios propios de regiones con menor renta disponible.
Oferta bloqueada y presión extranjera
El problema no es únicamente el precio, sino también la falta de oferta efectiva. Existen miles de viviendas proyectadas que no llegan a ejecutarse por bloqueos urbanísticos y trámites administrativos.
Al mismo tiempo, el auge del alquiler vacacional y la demanda de compradores externos reducen aún más el stock disponible para residentes.
Por eso, en un territorio fragmentado, con escaso suelo y relieve abrupto, desplazar la presión hacia el interior no es una solución viable. La costa concentra población, actividad económica y empleo, lo que intensifica la competencia por cada metro cuadrado disponible.
Estrés hipotecario y vulnerabilidad social
El problema viene cuando una familia asume una hipoteca en este contexto, pues lo hace con márgenes financieros muy ajustados.
El encarecimiento de la vida —energía, alimentación, transporte— se suma a cuotas mensuales elevadas que absorben una parte significativa de los ingresos. Esa presión constante explica el estrés declarado por muchos hipotecados.
Además, la educación financiera presenta carencias en la comunidad. Canarias figura entre las regiones donde menos ciudadanos reconocen comprender plenamente conceptos básicos como la Tasa Anual Equivalente (TAE), indicador clave para valorar el coste real de un préstamo hipotecario. ¿Lo comprende usted, querido lector? La combinación de desconocimiento financiero y mercado tensionado amplifica la inseguridad.
No es casualidad que organizaciones sociales adviertan de un aumento del riesgo de exclusión residencial en las islas. Cuando el coste de la vivienda supera la capacidad de pago estructural, la propiedad deja de ser una garantía de estabilidad y se convierte en un factor de vulnerabilidad.
Lo que Canarias está viviendo en la actualidad no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Responde a un modelo económico altamente dependiente del turismo, a un mercado inmobiliario con fuerte componente inversor y a una oferta residencial que no crece al ritmo de la demanda.
Todo esto es bien sabido, igual que lo que las soluciones requieren intervenciones de fondo como el desbloqueo de suelo, impulso decidido a la vivienda protegida, regulación equilibrada del alquiler vacacional y mejora de la educación financiera.
Sin esas medidas, la presión continuará trasladándose a los hogares.
