La transición energética en Canarias se está jugando, cada vez más, en el terreno de la aceptación social.
En Tenerife, donde los proyectos eólicos y fotovoltaicos en suelo suelen levantar debate por paisaje, territorio y retorno económico, una pieza legislativa está a punto de alterar el tablero: la regla que obliga a los promotores a ofrecer un 20% de participación local en determinados proyectos de renovables ubicados en suelo.
La novedad no es el porcentaje sino el giro técnico que cambia el fondo político de la medida. La modificación que se tramita en el Parlamento elimina la referencia a la participación “de la propiedad”, precisamente para que la entrada de inversores del entorno no quede limitada a comprar acciones o participaciones de la empresa promotora.
Dicho de forma llana: el 20% deja de estar atado a “ser socio” y puede canalizarse por otras vías financieras que deberán concretarse en un desarrollo reglamentario.
Por qué importa: del “capital” al “retorno”
Hasta ahora, la lectura práctica de “20% de la propiedad” tendía a llevar a un escenario poco operativo para muchas administraciones locales: entrar en el capital de sociedades promotoras exige estructura financiera, controles, riesgo empresarial y, en algunos casos, trámites complejos para cabildos y ayuntamientos.
Con el cambio, se abre un abanico más realista: participación mediante instrumentos de financiación, mecanismos de inversión local u otras fórmulas que permitan capturar parte del valor generado sin necesidad de sentarse en el consejo de administración del proyecto.
En Tenerife, esto no es un detalle. La isla concentra demanda, consumo y conflictos por el uso del suelo, y cualquier fórmula que acerque la transición energética a un “beneficio visible” para el entorno puede funcionar como lubricante social.
En el debate institucional reciente, desde el Cabildo de Tenerife se ha planteado incluso que, además del 20%, se estudie algún tributo o retorno específico para los municipios que alberguen renovables.
Una ley en permanente reajuste
La medida llega en un momento de fricción normativa. La Ley de Cambio Climático de Canarias ha regresado al Parlamento en formato de decreto-ley para introducir ajustes, tras cambios previos y discrepancias con el Estado que han obligado a negociar y a retocar artículos.
Es un dato relevante porque condiciona la seguridad jurídica: si el marco cambia con frecuencia, promotores, vecinos y administraciones tienden a desconfiar de cómo se aplicarán (y fiscalizarán) obligaciones como la del 20%.
La oportunidad es clara: si el 20% se articula bien, Tenerife puede avanzar hacia una transición con más “economía de proximidad”, evitando que la percepción sea la de siempre: suelo local, impacto local, rentabilidad “de fuera”. El riesgo también, si el reglamento termina permitiendo fórmulas opacas o simbólicas, la obligación puede convertirse en un trámite de fachada.
En el corto plazo, la clave será cómo se define esa participación alternativa y qué requisitos de transparencia y acceso se imponen para que cabildos, ayuntamientos, comunidades energéticas y ciudadanía puedan entrar de verdad. Porque en Tenerife, más que el porcentaje, lo que está en juego es la credibilidad del modelo. Que la energía limpia no solo descarbonice, sino que reparta.
