El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas al presidente colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica del Socorro Alcócer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Estas medidas congelan sus activos en territorio estadounidense y prohíben sus transacciones con entidades norteamericanas, en una escalada significativa en la confrontación entre ambos gobiernos.
La decisión se basa en acusaciones de que Petro ha permitido el florecimiento de cárteles de drogas y ha fallado en detener esta actividad, lo que ha resultado en un aumento importante de la producción de cocaína en Colombia desde su llegada al poder, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La administración Trump ha vinculado este incremento con el aumento del abuso de drogas en Estados Unidos.
Petro ha respondido enérgicamente a las sanciones, calificándolas de «paradójicas» y reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico. En un mensaje en X (anteriormente Twitter), el mandatario colombiano expresó: «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína», escribió. «Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».
Esta acción se produce tras semanas de tensiones entre ambos países, que incluyeron acusaciones de Trump de que Petro es un «líder del narcotráfico ilegal» y la suspensión de toda la ayuda económica estadounidense a Colombia.
Las sanciones impuestas son parte de la Ley Global Magnitsky, que permite al gobierno de EE.UU. sancionar a individuos extranjeros involucrados en actividades de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Este conflicto marca una ruptura significativa en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, dos aliados tradicionales en América Latina, y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollará esta disputa y qué repercusiones tendrá en la política regional.
