El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este que su administración planea iniciar una toma amistosa y controlada de Cuba. El mandatario ha defendido esta medida como una solución necesaria ante la actual situación de inestabilidad, aunque no ha detallado todavía los mecanismos legales o militares que darían cobertura a dicha operación.
Según las declaraciones del presidente, este movimiento no se plantea como una invasión militar convencional, sino como un proceso supervisado para tutelar la gestión de la isla. Trump ha insistido en el concepto de amistosidad para diferenciar esta iniciativa de anteriores intentos de intervención, sugiriendo que el objetivo final sería una transformación profunda del sistema político y económico cubano bajo la influencia directa de la Casa Blanca. Sin embargo, este enfoque ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y rechazo por parte de la comunidad internacional, que advierte de las graves implicaciones para la soberanía nacional y la estabilidad de la región.
Las autoridades han calificando la propuesta de agresión flagrante y violación de los principios más elementales del derecho internacional. En las últimas semanas, la relación entre ambos países se había deteriorado sensiblemente debido al endurecimiento de las sanciones comerciales y a los cruces de acusaciones sobre la presencia de inteligencia extranjera en suelo cubano. Con esta última declaración, Washington rompe los canales diplomáticos que aún permanecían abiertos, situando el conflicto en un escenario de incertidumbre total sobre la seguridad en el Caribe.
Expertos en política internacional señalan que el uso de términos como toma controlada busca suavizar ante la opinión pública lo que, en la práctica, supondría el fin de la autonomía administrativa de Cuba. Mientras el Pentágono y el Departamento de Estado guardan silencio sobre los planes logísticos específicos, el anuncio de Trump ya ha empezado a generar reacciones en el Congreso de Estados Unidos, donde tanto demócratas como algunos republicanos cuestionan la viabilidad y la legalidad de una operación de tal magnitud.
