El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha prensado el borrador de medidas —bautizado como “Decreto Canarias”— que aspira a convertirse en un paquete único de respuestas económicas, fiscales y sociales para el Archipiélago. Pero, ¿qué es y qué pretende mejorar?
Se trata de una hoja de ruta que el Ejecutivo regional quiere elevar al Estado para que se traduzca en un Real Decreto-ley capaz de sortear la parálisis asociada a la prórroga de los Presupuestos Generales y de blindar partidas y convenios clave para las islas. Apunta alto, no se puede negar.
Cuatro pilares
El borrador se articula en cuatro ejes: alivio fiscal selectivo, estímulos a la actividad y el empleo, refuerzos sociales y blindaje de convenios e infraestructuras.
El capítulo fiscal, el más vistoso y políticamente reconocible, propone una deducción del 60% en el IRPF para la ciudadanía residente en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos años.
Un “trato singular” a las Islas Verdes, que arrastran una continua pérdida de población, mayores costes de insularidad y, en el caso palmero, el impacto aún visible de la erupción volcánica.
En el plano laboral también pretende bonificar la cuota patronal de la Seguridad Social en esas mismas islas para determinados contratos, siguiendo un modelo similar al aplicado en otros territorios singulares.
Aquí viene el gran pero: ambas medidas tendrían que aprobarse en Madrid, y ahí la cosa se complica después de que el PSOE canario rechazara la medida.
Complejo de ejecutar
La lógica detrás del doble carril “IRPF + cotizaciones” es sencilla de explicar y compleja de ejecutar.
La deducción en el impuesto de la renta incrementa de forma inmediata la renta disponible de los hogares, en especial de los asalariados con tramos bajos y medios. La bonificación en cuotas, por su parte, abarata el coste de contratar, un incentivo que el Ejecutivo autonómico quiere ligar a estabilidad (contratos indefinidos y sustituciones por incapacidad temporal) y a sectores con capacidad de arraigo.
Sobre el papel, el empujón fiscal y laboral en las Islas Verdes encajaría con un tercer elemento: un plan especial de empleo y la continuación de los fondos de recuperación tras el volcán en La Palma.
Lo suyo sería pasar de medidas de emergencia a un esquema de desarrollo, con incentivos que contrarresten la desventaja estructural de la ultraperiferia y el reto demográfico.
Servicios esenciales
El segundo bloque del borrador se mueve en el territorio de lo social y lo presupuestario. El Gobierno regional reclama refuerzos en servicios esenciales —sanidad, servicios sociales, educación— y blindar convenios cuya ejecución la prórroga estatal ha dejado en pausa o en incertidumbre.
Pero claro, no basta con firmar convenios. Hacen falta reglas que aseguren su ejecución “a prueba de prórrogas”, particularmente en regiones como Canarias donde la ventana turística y logística condiciona la economía real.
En ese mismo paquete se incluyen las reivindicaciones sobre migración y acogida, con la mirada puesta en un mejor reparto, más financiación y una descarga administrativa en los puntos de mayor presión.
Conectividad, vivienda y seguridad: la agenda estratégica
El tercer vector es estratégico: conectividad, vivienda y seguridad. Canarias condiciona su competitividad a la movilidad aérea y marítima. Por eso el borrador exige presencia canaria en los órganos de decisión de AENA y ENAIRE, un viejo anhelo para influir en rutas, tasas, inversiones y planificación de aeropuertos.
En vivienda, el texto pide poner suelo estatal a disposición de proyectos residenciales —especialmente asequible— en un mercado tensionado por renta, turismo y escasez de oferta.
En seguridad recoge la financiación de 1.400 plazas de la Policía Canaria, vinculada tanto a la seguridad ciudadana como a la gestión de emergencias en un territorio fragmentado.
Todo ello, de nuevo, necesita compromiso estatal y hay muchos partidos en el Congreso a los que trabajarse.
Del “trato diferencial” a la norma efectiva
Más allá de, quizás, un excesiv optimismo en sus reivindicaciones, el borrador plantea una tesis de fondo: Canarias necesita un trato diferencial estable, no coyuntural, que traduzca su estatus de región ultraperiférica (RUP) y su Estatuto en medidas con efectos palpables en empleo, renta y servicios.
Para el Ejecutivo de Clavijo, la prórroga de los Presupuestos ha sido el detonante que evidencia la fragilidad del encaje: demasiadas políticas dependen de convenios anuales o de autorizaciones puntuales.
La solución propuesta no es un mosaico de medidas dispersas, sino un paquete único con rango suficiente para blindarse ante altibajos presupuestarios y ciclos políticos.
De ahí la apuesta por la fórmula del Real Decreto-ley, que implica mayor rapidez de tramitación, un efecto inmediato y la convalidación posterior en el Congreso.
La oposición, escéptica
La oposición ha reaccionado con la mezcla habitual de escepticismo y disposición táctica: “carta a los Reyes” para el canarista Luis Campos, “agenda razonable” para otros, si logra encaje jurídico y presupuestario.
Chano Franquis (PSOE) expresó su sorpresa por la iniciativa y recordó que ya existe un acuerdo con el Gobierno central para un Real Decreto-Ley que atienda las cuestiones urgentes.
Considera poco comprensible que el presidente Clavijo impulse un documento paralelo cuando ese contenido ya está pactado, según dijo.
Añadió que el grupo socialista está dispuesto a abordar los grandes retos del Archipiélago, como la vivienda, pero reprochó al Ejecutivo autonómico que solo busque acuerdos cuando afectan al Gobierno de España, una actitud que, a su juicio, introduce ruido político innecesario.
Política y matemáticas
Detrás de todo, como siempre, está el interés y el rédito politico. Para que el paquete alcance rango estatal, el Ejecutivo autonómico necesita aglutinar unos apoyos que vayan más allá de su Parlamento.
Lo fácil sería convencer al Gobierno central de que el coste fiscal y presupuestario es asumible y compatible con los compromisos de estabilidad, pero por lo expresado por Franquis, esa opción no parece factible.
Contando con los votos favorables de PP y el obvio de Coalición, habría que convencer a VOX y a alguien más y el problema no estaría en el “alguien más”. Si damos por hecho que Sumar se alinearía con el PSOE como partido de Gobierno, solo queda VOX pues la suma del resto de partidos se quedaría a un puñado de votos de la mayoría. Mala pinta.
Ya sea una justa corrección de asimetrías que perjudican al Archipiélago o una “carta a los Reyes Magos” en un contexto en el que parece difícil obtener el sí del Congreso, lo que fija el borrador es un horizonte ambicioso y necesario, de eso no cabe duda.
Porque a nadie se le escapa que es necesario proteger los servicios esenciales y aliviar la carga fiscal y laboral, especialemente en las islas más frágiles. La presencia en AENA sí que parece un brindis al sol, para que negarlo, pero puede servir como baza para renunciar a ello si se aprueban el resto de medidas.
Veremos cómo se negocia en Madrid, juez último de los designios del Archipiélago, mal que nos pese.
