En los últimos días, varios medios han publicado titulares sensacionalistas sobre la detención del líder de una conocida empresa de desocupación en Tenerife. Sin embargo, al leer más allá del titular, lo que encontramos no es un delito probado ni una condena, sino una medida cautelar de alejamiento dictada por un juzgado, algo que —conviene recordarlo— puede solicitar cualquier ciudadano en el marco de un procedimiento judicial.
En este caso, se ha tratado como una “detención por coacciones”, cuando en realidad lo que hay es una denuncia privada y una orden de alejamiento provisional, dictada de forma preventiva hasta que se aclaren los hechos. En derecho, esto no implica culpabilidad, sino una medida temporal para evitar conflictos mientras se investiga.
Resulta preocupante que determinados medios conviertan una diligencia judicial habitual en un escándalo público. Este tipo de titulares alimentan la desinformación y dañan la reputación de las personas antes incluso de que exista juicio o sentencia. En un Estado de Derecho, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y la prudencia periodística debería ser una norma básica.
Robert —como cualquier ciudadano— tiene derecho a que se respete su presunción de inocencia. No hay condena, ni acusación formal, ni siquiera juicio. Solo una medida preventiva, como las miles que se dictan cada mes en España. Transformar eso en un titular alarmista no es informar: es jugar con la reputación ajena.
Desde El Burgado, defendemos la información rigurosa, el contexto jurídico y la responsabilidad de los medios. Porque la justicia se imparte en los juzgados, no en los titulares.
