En los servicios sociales de Canarias se está consolidando una realidad que hasta hace pocos años era excepcional: familias que, desbordadas por situaciones extremas, solicitan formalmente que la Administración asuma la tutela de sus hijos.
No se trata de abandonos ni de desinterés parental, sino de un síntoma más profundo que apunta a una combinación de problemas de salud mental infantil, falta de recursos especializados y agotamiento familiar.
Desde el Gobierno de Canarias se insiste en que no estamos ante una avalancha de casos, pero sí ante una tendencia creciente que obliga a repensar el sistema de protección a la infancia. Las renuncias a la guarda suelen darse, sobre todo, en contextos de conductas disruptivas graves en niños y adolescentes, situaciones de violencia intrafamiliar o trastornos psicológicos complejos que las familias no saben —o no pueden— gestionar en solitario.
Un fenómeno nuevo, pero no aislado
Históricamente, la intervención de la Administración en la tutela de menores se producía por causas muy concretas como desprotección, maltrato o ausencia de referentes familiares. Lo novedoso del escenario actual es que son los propios progenitores quienes piden ayuda, reconociendo su incapacidad para seguir ejerciendo la custodia sin poner en riesgo el bienestar del menor o del propio entorno familiar.
En muchos casos, estas decisiones llegan tras años de convivencia marcada por conflictos continuos, episodios de agresividad, problemas escolares o ingresos previos en recursos especializados. La renuncia no aparece como un primer paso, sino como una medida límite, tomada cuando todas las alternativas percibidas por la familia se han agotado.
Los profesionales apuntan a múltiples causas interconectadas. Por un lado, el aumento de los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia, agravados tras la pandemia, ha puesto bajo presión a familias que carecen de apoyo terapéutico suficiente. Por otro, influyen factores estructurales como la precariedad económica, la conciliación laboral deficiente y la dificultad para acceder a atención psicológica continuada en la red pública.
A ello se suman los cambios acelerados en las dinámicas familiares y el impacto de las nuevas tecnologías, que han modificado las relaciones, los hábitos y los conflictos dentro del hogar. En este contexto, muchas familias sienten que el sistema les exige responder a situaciones cada vez más complejas sin ofrecerles herramientas reales para hacerlo.
El papel de la Administración
Cuando se produce una renuncia a la tutela, el menor pasa a estar bajo protección administrativa, lo que implica su entrada en centros o recursos especializados.
Aunque el sistema canario no se encuentra colapsado, las autoridades reconocen que este tipo de casos requiere dispositivos más específicos, con una fuerte carga terapéutica y un enfoque individualizado.
El Ejecutivo autonómico ha señalado la necesidad de reforzar la red de atención psicológica y psiquiátrica infantil, así como de crear espacios de apoyo previo a las familias, para evitar que situaciones de crisis desemboquen en la ruptura del vínculo parental.
Más allá de las cifras, el aumento de renuncias parentales plantea un debate de fondo: qué apoyo real reciben hoy las familias para afrontar la crianza en contextos complejos.
La tutela administrativa puede ser una solución temporal, pero no sustituye a una política preventiva sólida que acompañe a padres, madres e hijos antes de que la convivencia se vuelva insostenible.
