El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado este lunes un estado de emergencia económica y social por 30 días en todo el territorio nacional ante lo que ha calificado como una “inminente crisis fiscal”, después de que el Congreso colombiano archivara el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno proponía para obtener recursos adicionales destinados al presupuesto de 2026.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 1390 de 2025, firmado por el presidente y su gabinete, y tiene como objetivo permitir al Ejecutivo adoptar nuevas medidas fiscales con fuerza de ley, entre ellas posibles impuestos adicionales o ajustes a los existentes, con el fin de cerrar una brecha financiera que el Gobierno estima grave y que podría poner en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales.
Petro ha defendido la decisión argumentando que la situación que enfrenta Colombia tras el archivo de la reforma tributaria —que buscaba recaudar 6.000 millones de pesos (uno 285 millones de euros)— ha generado una “situación fiscal que adquirió carácter de grave” y que sin una respuesta inmediata existe el riesgo de ajustes drásticos en el gasto público.
La declaración de emergencia económica llega con un alto déficit fiscal y crecimiento del gasto público, pese a que la economía colombiana muestra señales de fortaleza con proyecciones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) superiores al 2,5 % para este año.
Por su parte, Petro ha subrayado que, de no aprobarse medidas excepcionales, el Estado se vería obligado a recortar inversión pública y comprometer derechos fundamentales, al tiempo que ha emplazado al Congreso y a otras instituciones a colaborar para evitar que se desate una crisis más profunda.
La oposición ha criticado la medida, señalando que el uso de la emergencia para legislar en materia tributaria puede vulnerar la separación de poderes y que, en lugar de aumentar impuestos, el Gobierno debería reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del gasto actual.
La declaración se mantiene sujeta a control judicial y político, y se prevé que en los próximos días pueda generarse debate tanto en la Corte Constitucional como en el ámbito político y económico sobre la constitucionalidad y las implicaciones de esta excepcional herramienta legislativa.
