CEOE-Tenerife ha vuelto a poner el dedo en la llaga. El presupuesto autonómico, afirma la patronal, arrastra problemas estructurales de ejecución, aunque entre los entendidos, a nadie sorprende.
Para entender la frase hay que separar dos fotos que a menudo se confunden: la ejecución global del gasto y la ejecución de la inversión (el famoso, a la par que desconocido, Capítulo VI). En esta segunda es donde el diagnóstico de la patronal resulta más certero.
La frase de la patronal sonó tajante. Para comprobarlo no hace falta bucear en tecnicismos, basta con ordenar las piezas.
Una: el Gobierno presume de cerrar 2024 con una ejecución global del 90,32% (95% si se excluye el MRR, el “gran” fondo de la UE tras la pandemia). Esa es la foto del gasto que paga nóminas, conciertos sanitarios y educativos, ayudas corrientes y deuda, vamos, la maquinaria del día a día.
Otra: cuando se mira solo a la inversión (Capítulo VI) —obras, equipamientos e infraestructuras—, la historia cambia. La Audiencia de Cuentas fiscalizó 2019–2023 y encontró ejecuciones que mejoran pero siguen bajas: del 36,72% (2019) al 58,53% (2023).
La diferencia es la clave. Lo corriente se ejecuta por inercia, la inversión exige proyectos maduros, permisos, licitaciones, obra y certificaciones a tiempo. Y ahí, Canarias se atasca una y otra vez.
Por qué ocurre
Para empezar, por la planificación. Demasiados proyectos se presupuestan sin estar “maduros” (faltan permisos, suelos, diseños, memorias económicas), a menudo para casar ingresos finalistas que empujan a “pintar” inversión que ese mismo año no puede licitarse ni ejecutarse. El resultado obvio es que el crédito se queda sin usar.
Por otro lado, las compras públicas se fragmentan en muchas unidades con poco músculo. Los pliegos tardan, los recursos suspenden procedimientos y, tras la crisis de precios, algunas licitaciones quedan desiertas. Todo suma semanas o meses que un presupuesto anual no perdona.
Luego está el territorio. En un archipiélago, cada obra es una cadena logística: ferrys, suministros, personal cualificado que a veces no llega. Si coinciden varios proyectos a la vez, la capacidad de las empresas locales se satura y el calendario se resiente. Esta limitación de mercado explica parte de la brecha entre lo que se presupuesta y lo que se certifica.
Y claro, los permisos. Canarias concentra evaluaciones ambientales, hidráulicas, de costas, patrimonio o servidumbres aeroportuarias. La coordinación interadministrativa con cabildos y ayuntamientos añade capas. Cuando un informe se retrasa, la anualidad se cae y el gasto no computa aunque el proyecto avance.
Ah, y el calendario. El presupuesto es anual pero la obra, casi siempre, es plurianual. Sin una programación realista por hitos, es fácil que el primer año no haya certificaciones suficientes y la ejecución caiga. De ahí las recomendaciones de plurianualidad efectiva, centralizar o profesionalizar compras por tipologías y presupuestar solo lo listo para ejecutar.
La aritmética explica la paradoja: si el 85% del presupuesto es gasto corriente y se ejecuta al 95%, ya sumas 80,8 puntos de ejecución global. Si el 15% es inversión y solo ejecuta el 50%, añades 7,5. Total: 88,3%. El global parece alto, aunque la inversión esté a medias. Vamos, lo idóneo para que cada uno tire las cifras por donde quiere.
CEOE-Tenerife ha centrado el tiro en esa palanca, aunque la reclamación es de todos menos nueva. Pide menos trabas, más gestión y que la prioridad sea ejecutar inversión, no solo anunciarla.
Queda claro que la solución no pasa por “gastar más en papel”, sino por presupuestar mejor, y eso es algo en lo que Canarias está a la cola desde hace al menos dos décadas y, por lo que parece, sin solución de continuidad.
