El litoral es el gran escenario de Canarias. En él se concentra buena parte de su población, de su economía —especialmente turística— y de su biodiversidad más frágil.
Es también donde chocan con más fuerza intereses económicos, presión urbanística y exigencias de protección ambiental. Con ese telón de fondo, el Gobierno autonómico ha dado el primer paso formal para elaborar una Ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias, una norma que pretende adaptar la legislación estatal a la realidad insular.
La iniciativa está contemplada en el Estatuto de Autonomía, que atribuye a Canarias la competencia exclusiva en ordenación y gestión de sus costas.
Hasta 2023, la gestión dependía en gran medida del marco estatal. Con el traspaso efectivo de medios y servicios, el Ejecutivo regional asumió funciones que hasta ahora ejercía la Administración General del Estado. El siguiente paso lógico era dotarse de una norma propia.
El objetivo declarado es doble: reforzar la seguridad jurídica y avanzar hacia una gestión integrada del litoral, adaptada a las singularidades del archipiélago. Porque gestionar 1.126 kilómetros de costa fragmentados en ocho islas no es lo mismo que administrar una línea litoral continua en territorio peninsular.
Un territorio estrecho y tensionado
El litoral canario es, además de una franja paisajística, es un espacio estructural. En él se concentran núcleos urbanos históricos, infraestructuras portuarias, equipamientos turísticos y actividades económicas que difícilmente pueden desplazarse hacia el interior, en islas con relieve abrupto y suelo limitado.
A la vez, esa misma franja alberga ecosistemas costeros y marinos de alto valor ecológico: praderas de sebadales, charcos intermareales, hábitats volcánicos, zonas de nidificación y corredores migratorios. Además, la exposición al cambio climático —subida del nivel del mar, erosión, temporales más intensos— añade una capa de vulnerabilidad que obliga a planificar con mayor precisión.
La futura ley parte de una premisa clara: no se puede gestionar la costa únicamente desde la óptica de la protección ni únicamente desde la del desarrollo. El reto es compatibilizar ambas dimensiones en un territorio donde el margen físico es estrecho.
Seguridad jurídica y coordinación institucional
Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo es la necesidad de clarificar procedimientos y competencias. La gestión costera implica a varias administraciones: comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos.
La nueva norma aspira a ordenar ese reparto y evitar duplicidades o vacíos competenciales que, en la práctica, retrasan autorizaciones y generan litigios.
En un contexto donde concesiones, ocupaciones del dominio público o proyectos de regeneración litoral suelen derivar en controversias, la promesa de mayor seguridad jurídica es también un mensaje dirigido a inversores y promotores, pero igualmente a colectivos ambientales y ciudadanos.
Desarrollo sostenible y adaptación climática
La ley se anuncia inspirada en principios de desarrollo sostenible, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, gestión integrada y mejor evidencia científica disponible.
También incorpora como eje transversal la adaptación al cambio climático, un factor que ya condiciona la planificación de paseos marítimos, infraestructuras y asentamientos cercanos a la línea de costa.
No es un detalle menor: las proyecciones de subida del nivel del mar y de intensificación de temporales obligan a repensar modelos de ocupación y protección.
Un debate que va más allá de lo jurídico
El Ejecutivo sostiene que la norma permitirá ejercer plenamente las competencias desde la “cercanía institucional”. Pero esa cercanía también implica mayor responsabilidad política.
Si hasta ahora muchas decisiones podían atribuirse a la normativa estatal, en adelante la arquitectura regulatoria será, en gran medida, autonómica. Habrá que hilar fino.
