Unos 11.000 autónomos canarios podrían dejar de cobrar y pagar IGIC a partir del 1 de julio de 2026. El Gobierno de Canarias anunció el pasado martes que elevará el umbral del Régimen Especial para Pequeños Empresarios y Profesionales (REPEP) a 50.000 euros de facturación anual, por encima de los umbrales que aplican la mayoría de los países europeos que ya han puesto en marcha la franquicia.
La propuesta del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, tiene una lectura económica directa: quien facture menos de 50.000 euros al año podrá acogerse voluntariamente a un régimen en el que no repercute el impuesto en sus facturas. A cambio, tampoco puede deducirse el IGIC que paga en sus compras. La simplificación administrativa es significativa: pasan de cinco declaraciones anuales a una sola, con efecto completo desde el 1 de enero de 2027.
El contexto político de fondo lo puso el propio Domínguez: Bruselas ha abierto un procedimiento contra España por no transponer la directiva europea que obliga a eximir del IVA a los pequeños empresarios con facturación inferior a 85.000 euros. España es el único país de la Unión que no lo ha hecho. Canarias, con su régimen fiscal propio gracias al REF, se adelanta y aplica el criterio europeo por su cuenta.
Aquí empieza la fricción
El umbral europeo que España ignora es de 85.000 euros. El que Canarias aplica es de 50.000. La diferencia no es menor: entre 50.000 y 85.000 euros de facturación hay decenas de miles de autónomos que seguirán soportando la carga del IGIC sin que la medida les alcance. El Gobierno regional no ha explicado por qué ha fijado ese umbral más bajo ni si existe una hoja de ruta para elevarlo en los próximos años.
Hay un segundo elemento que merece atención: el régimen es voluntario. El autónomo que quiera acogerse debe solicitarlo expresamente. Quien no lo pida o no lo conozca, seguirá tributando como hasta ahora. En un colectivo en el que la información fiscal no siempre llega por igual a todos los sectores ni a todas las islas, ese filtro voluntario puede reducir considerablemente el impacto real de la medida.
Lo que sí es claro es que la medida existe, tiene fecha y tiene nombre. Ahora falta ver si llega a los 11.000 que debería llegar, y si el umbral de 50.000 euros se queda pequeño ante la realidad de quien factura entre esa cifra y los 85.000 que marca Europa.
