El Gobierno de Canarias acaba de cerrar con éxito una operación financiera muy particular: una emisión de bonos de deuda pública pensada, sobre todo, para que empresas y profesionales puedan invertir el dinero que reservan a la famosa (o desconocida, según quién) Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
El resultado habla por sí solo: frente a los 100 millones de euros ofrecidos, se registraron peticiones por 557,78 millones. Es decir, la demanda multiplicó por más de cinco la oferta.
Qué se ha emitido exactamente
Se trata de bonos sencillos, emitidos por la Comunidad Autónoma de Canarias, con estas características básicas:
- Importe máximo: 100 millones de euros.
- Plazo: 5 años, con vencimiento el 4 de diciembre de 2030.
- Tipo de interés: 0,2% nominal anual, pagadero una vez al año.
- Importe mínimo por inversor: 1.000 euros, hasta un máximo de 6 millones por suscriptor.
- Periodo de suscripción: del 13 al 19 de noviembre de 2025.
Cualquier persona o empresa podía acudir a la emisión, pero el diseño está claramente pensado para un perfil muy concreto: quienes necesitan “colocar” su RIC en activos aptos y buscan un producto sencillo, con riesgo muy bajo y gestionado por la propia Administración autonómica.
Qué es la RIC
La Reserva para Inversiones en Canarias es uno de los principales incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Permite a empresas y determinados profesionales reducir de forma importante la base imponible de sus impuestos si destinan parte de sus beneficios a una reserva especial y, posteriormente, invierten ese dinero en las islas: en proyectos productivos, creación de empleo, activos fijos, etc.
Una de las formas admitidas de “materializar” esa reserva es precisamente la compra de deuda pública canaria destinada a financiar inversiones en el Archipiélago. Estos nuevos bonos entran en esa categoría: quienes los suscriben pueden cumplir con sus obligaciones de inversión de la RIC y, al mismo tiempo, el Gobierno obtiene financiación para proyectos de interés público.
El acuerdo establece que los fondos captados con estos bonos se destinarán a financiar inversiones en el territorio canario, con varias prioridades claras:
- Infraestructuras y equipamiento de la comunidad autónoma.
- Actuaciones de mejora y protección del medio ambiente.
- Rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al alquiler para personas inscritas en el registro público de demandantes de vivienda protegida.
Es decir, no se trata de endeudarse para gasto corriente, sino de canalizar dinero hacia obra pública, transición verde y vivienda social en alquiler, tres ámbitos donde Canarias arrastra déficits importantes.
Una sobredemanda que envía varios mensajes
El dato clave de la resolución publicada es doble, el Gobierno tuvo que aplicar un prorrateo entre los interesados porque el volumen de órdenes superaba en más de cinco veces el máximo emitido.
No es un fenómeno aislado, ya en 2024 se lanzó otra emisión de bonos aptos para la RIC, por 150 millones, que también generó un notable interés inversor.
¿Y qué pasa con los 457 millones que se quedaron fuera?
Que solo se hayan adjudicado 100 de los 557,78 millones solicitados también tiene otra lectura: muchos inversores que querían usar este instrumento tendrán que buscar ahora otros “activos aptos” para materializar su RIC dentro de los plazos que marca la normativa.
Eso reabre un debate recurrente entre asesores y empresas: ¿hay suficientes opciones viables y claras para invertir esa reserva en la economía real canaria?
Cuando las emisiones de deuda pública se agotan rápidamente, aumenta la presión para que la Administración y el sector privado generen más proyectos productivos, de innovación o de diversificación económica donde ese ahorro fiscal se convierta en inversión tangible.
