La Comisión Europea ha formalizado su decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el retraso en la adopción de dos directivas comunitarias en materia de IVA. El Ejecutivo comunitario solicitará además la imposición de sanciones económicas contra el Estado español al considerar que se ha agotado el plazo legal para la integración de estas normas en el ordenamiento nacional. La medida afecta especialmente a la directiva que debería permitir a los autónomos y pequeñas empresas españolas quedar exentos de este impuesto cuando realizan operaciones comerciales en otros Estados miembros.
El incumplimiento normativo impide que el tejido empresarial español acceda a un régimen simplificado de IVA diseñado para reducir las cargas administrativas y fomentar el comercio transfronterizo dentro de la Unión Europea. Bajo esta normativa, las pymes que no superen un determinado umbral de facturación anual en el conjunto de la UE podrían operar en el mercado único sin necesidad de identificarse a efectos del IVA en cada país donde tengan clientes, una ventaja competitiva de la que ya disfrutan las empresas de otros socios europeos que sí han traspuerto la norma.
La segunda directiva objeto del recurso judicial se refiere a las normas de transparencia y lucha contra el fraude fiscal en las operaciones digitales y de comercio electrónico. Bruselas sostiene que España ha ignorado las advertencias previas enviadas durante el último año, lo que ha derivado en la apertura de este procedimiento sancionador. Las multas propuestas por la Comisión suelen incluir una suma a tanto alzado y una multa coercitiva diaria hasta que se verifique la plena aplicación de las directivas en el Boletín Oficial del Estado.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha alegado en anteriores fases del proceso que la demora responde a la complejidad técnica de la reforma tributaria necesaria, pero el paso dado hoy por Bruselas sitúa a España en una posición de vulnerabilidad jurídica. La resolución final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría obligar al Gobierno a una tramitación de urgencia de los cambios legales para frenar el impacto de unas sanciones que podrían ascender a varios millones de euros.
