La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta para endurecer la política de retornos de inmigrantes irregulares dentro de la Unión Europea. El plan tiene como objetivo principal agilizar las deportaciones y aumentar la tasa de devoluciones, que actualmente se sitúa en niveles bajos. Entre las medidas más polémicas destacan la creación de centros de detención fuera del territorio comunitario y la posibilidad de prolongar el internamiento de los inmigrantes hasta un máximo de dos años antes de su expulsión definitiva.
La propuesta legislativa introduce la figura de los «centros de retorno» en terceros países, donde serían trasladados los inmigrantes solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido denegadas o aquellos que se encuentren en situación irregular mientras se tramita su repatriación. Esta externalización de la gestión migratoria ha generado preocupación entre diversas organizaciones de derechos humanos, que ven paralelismos con los métodos utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El temor radica en la posible vulneración de derechos fundamentales y la falta de supervisión judicial en estos centros externos.
Otro punto crítico del acuerdo es la ampliación del periodo de detención administrativa. La directiva actual permite retener a los inmigrantes durante un máximo de seis meses, prorrogables por otros doce en casos excepcionales. La nueva propuesta elevaría este límite hasta los dos años, argumentando que es necesario para evitar el riesgo de fuga y garantizar que las deportaciones se lleven a cabo de forma efectiva, especialmente cuando existen dificultades de identificación o falta de cooperación por parte de los países de origen.
La aprobación en comisión parlamentaria es un paso clave para la reforma de la Directiva de Retorno, una pieza fundamental del Pacto sobre Migración y Asilo que la UE busca cerrar antes de que finalice la legislatura. El texto deberá ser ahora negociado entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea en los denominados trílogos. El debate político se prevé intenso, dado el rechazo de algunos grupos parlamentarios y Estados miembros a las medidas más restrictivas, mientras que otros presionan para acelerar la implementación de políticas de retorno más expeditivas.
