La Comisión Europea ha cargado este martes contra la Ley de Amnistía española durante una vista celebrada ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En un posicionamiento especialmente contundente, el Ejecutivo comunitario ha calificado la norma como una «autoamnistía» al servicio de un «acuerdo político» para la investidura de Pedro Sánchez, advirtiendo de que ello vulnera los principios fundamentales del Estado de derecho.
El representante legal de Bruselas, Carlos Urraca Caviedes, ha defendido que la ley no responde a un objetivo de interés general y ha cuestionado tanto su tramitación como su contenido. «Quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», ha afirmado durante su intervención.
Además, la Comisión ha expresado «dudas razonables» sobre la claridad y precisión de varios artículos, algo que podría suponer un riesgo para la seguridad jurídica. También ha reprochado que el Gobierno español desoyera las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que instaba a un proceso más pausado y con mayor diálogo institucional y social.
Uno de los aspectos más preocupantes para Bruselas tiene que ver con el impacto que la ley podría tener en la protección de los intereses financieros de la Unión. Según Urraca Caviedes, la imposición de un plazo máximo de dos meses a los tribunales para aplicar la amnistía podría haber limitado la capacidad del Tribunal de Cuentas para investigar si se utilizaron fondos europeos en el proceso independentista catalán de 2017.
«Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del Derecho de la Unión», ha asegurado el abogado comunitario, quien también ha señalado como problemática la exigencia de levantar de forma inmediata las medidas cautelares, incluso cuando el caso esté siendo analizado por el TJUE.
El asunto examinado por la Gran Sala del TJUE parte de una denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana, y se centra en determinar si la amnistía puede aplicarse a antiguos altos cargos de la Generalitat de Cataluña acusados de desviar hasta cinco millones de euros de dinero público para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y otras acciones internacionales de promoción de la independencia.
En la vista han participado, además de la Comisión Europea, representantes del Gobierno español, de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de Sociedad Civil Catalana, y de los propios implicados, entre los que figuran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
La abogacía del Estado y el fiscal Manuel Martín-Granizo han defendido la constitucionalidad de la ley, recalcando que se trata de una materia de competencia nacional en la que no hay legislación europea aplicable. Como aval, han citado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de junio, que dio luz verde a la norma.
La vista ha sido celebrada ante la Gran Sala del TJUE, formada por 15 de sus 27 jueces y reservada para asuntos de especial trascendencia. La resolución, no obstante, tardará en llegar: el tribunal europeo tarda de media más de 17 meses en resolver cuestiones prejudiciales, por lo que la primera sentencia podría conocerse en el primer trimestre de 2026.
Hasta entonces, seguirá sobre la mesa el debate entre legalidad y oportunidad política en torno a una ley que ha polarizado a las instituciones, la judicatura y a buena parte de la sociedad española.
