La Comisión Europea ha puesto en rojo el plan fiscal español: en su último informe, señala que el aumento previsto del gasto público neto en 2026 podría superar el umbral del 3,5 % acordado entre Madrid y Bruselas, por lo que advierte de un posible incumplimiento de las reglas de disciplina fiscal.
Según los técnicos comunitarios, el desvío estimado estaría dentro de los márgenes de tolerancia —menos de 0,3 puntos anuales y un 0,6 % del PIB acumulado hasta 2026—, por lo que de momento no se considera una infracción clara. Aun así, la Comisión insta al Gobierno a ajustar su presupuesto “en línea con las recomendaciones” para evitar riesgos.
España aún no ha presentado su proyecto de Presupuestos de 2026, previsto para febrero, lo que impide un análisis detallado. Por ello, Bruselas basa sus conclusiones en datos de gasto ejecutado y en proyecciones macroeconómicas recientes.
El aumento del gasto se debe principalmente al alza en inversiones de defensa, al encarecimiento del gasto en pensiones y a otras partidas sociales, así como a los compromisos presupuestarios surgidos del ciclo de recuperación por los fondos europeos Next Generation.
Desde Moncloa, la ministra de Hacienda ya aprobó el techo de gasto para 2026 y mantiene que el déficit se situará en el 2,1 % del PIB, aunque admiten que el contexto económico y social obliga a “equilibrar sostenibilidad y protección social”.
Ahora, el Ejecutivo debe decidir si recorta partidas de gasto, retrasa algunas inversiones o busca aumentar ingresos vía reformas fiscales para cumplir el umbral exigido. De lo contrario, España podría quedar bajo vigilancia europea de nuevo, con el riesgo de sanciones o limitación de nuevas ayudas.
