La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La decisión se ha formalizado tras las ratificaciones parlamentarias de Argentina y Uruguay este jueves, lo que ha permitido a Bruselas activar un mecanismo que el Consejo de la UE ya había autorizado en enero. Este paso permite que los beneficios comerciales, como la reducción de miles de millones de euros en aranceles, empiecen a aplicarse sin esperar a la ratificación definitiva del Parlamento Europeo ni al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su compatibilidad con el Derecho Comunitario.
Von der Leyen ha justificado la urgencia de esta medida por la necesidad de otorgar a Europa una ventaja estratégica en un escenario global marcado por la incertidumbre y el regreso de las políticas proteccionistas de Donald Trump en Estados Unidos. Según la mandataria, el acuerdo crea un mercado de 720 millones de personas y refuerza la independencia de la Unión frente a la competencia de otras potencias. La Comisión ha defendido que el pacto es vital para las pequeñas y medianas empresas europeas, que ganarán acceso preferencial a un mercado hasta ahora muy protegido, compensando así el posible cierre de otros destinos comerciales.
Sin embargo, el anuncio ha provocado una respuesta inmediata y airada del sector agrario y de varios Estados miembros. En España, organizaciones como La Unió Llauradora i Ramadera han pedido la dimisión de Von der Leyen, calificando la aplicación provisional de inaceptable y letal para agricultores y ganaderos, que temen una entrada masiva de productos que no cumplen los estándares sanitarios europeos. En el ámbito diplomático, el presidente francés Emmanuel Macron ha encabezado las críticas contra esta vía rápida, mientras que países como Alemania e Italia, con una fuerte industria exportadora de maquinaria y automóviles, han celebrado la decisión como un impulso necesario para el crecimiento económico.
Desde un punto de vista jurídico y político, la aplicación provisional sitúa a la Eurocámara en una posición delicada. Aunque el acuerdo no estará plenamente concluido hasta que el Parlamento Europeo otorgue su consentimiento definitivo, los hechos consumados de la aplicación comercial reducen el margen de maniobra de los legisladores que habían paralizado el proceso en enero. Bruselas ha incluido salvaguardias para proteger sectores sensibles de la agricultura local, pero para los colectivos ecologistas y sindicatos estas medidas son insuficientes ante el impacto potencial en la deforestación y los derechos laborales en Sudamérica.
