Hay un momento exacto en el que la degradación moral de un régimen deja de dar pena para pasar a dar verdadero pavor. Hasta hoy, la estrategia de Moncloa para proteger la trampa familiar era la predecible: mandar a su orquesta a cantar la cansina canción del lawfare, llamar “facha” al juez de turno y organizar manifiestos indignados pidiendo “respeto a la democracia”. Basura institucional a la que nos tienen desdichadamente acostumbrados.
Pero lo que acaba de destapar El Debate sobre el escrito de la magistrada Beatriz Biedma no es fontanería política, ni guerra mediática, ni debate parlamentario: es directamente mafia de barriada con ambiciones de Estado.
Que la jueza que investiga al hermanísimo del Presidente – ese prodigio de la música contemporánea que cobra un sueldazo público por no pisar su despacho ni residir en España – haya tenido que personarse como acusación particular en la Audiencia Nacional porque la trama del Partido Socialista Obrero Español buscó alianzas con clanes del narcotráfico de Badajoz para “darle un escarmiento” o amedrentarla, trasciende cualquier categoría política. Esto ya no se comenta en las tertulias ni se debate en las Cortes; esto se juzga en la sección de crimen organizado en el Código Penal.
Anotaciones en agenda con una sensación nauseabunda: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Chats de WhatsApp bautizados con el cachondeo chulesco de quienes se saben impunes: “Vacaciones y viajes”. Y una hoja de ruta minuciosamente trazada entre fontaneros de partido, comisionistas y exjueces expulsados de la carrera judicial para ver cómo acosaban, seguían, recusaron o reventaban la vida personal de una servidora pública cuyo único “delito” ha sido pedir las facturas y los contratos del hermano de Pedro Sánchez. Todo sea para proteger al “One”.
¿Esta era la afamada regeneración democrática? ¿Esta era la “mayoría de progreso”? De las querellas por prevaricación han pasado, sin despeinarse, al reclutamiento de matones para amedrentar a la judicatura. Ya no les basta con controlar la Fiscalía General del Estado ni colonizar el Tribunal Constitucional: ahora, cuando la Justicia se mantiene firme y no se pliega a sus dictados, el entorno del partido en el poder explora las vías del ajuste de cuentas al más puro estilo siciliano.
Hagamos un ejercicio de honestidad mental. Imaginen por un solo segundo que esta misma libreta, con la anotación explícita de un clan narco para presionar a una jueza instructora,
hubiera aparecido en el bolsillo de un militante del Partido Popular. Las calles estarían ardiendo hoy mismo, los telediarios abrirían con monográficos de cuatro horas sobre la “amenaza fascista para el Estado de derecho” y la izquierda entera estaría pidiendo en tromba la ilegalización del partido por organización criminal. Pero como la firma la fontanería socialista, nos pedirán amablemente que miremos para otro lado, que no “polaricemos” y que sigamos confiando en la intachable “salud democrática” de un Gobierno que huele a sumidero.
Se les ha caído definitivamente el disfraz de políticos para dejar al descubierto la piel del matón de callejón. Si para salvar el pellejo del clan familiar hay que bajar a estos barrizales y tantear las dinámicas de la extorsión, que tengan la decencia de ahorrarse los discursos matutinos sobre la dignidad republicana. En España ya no hay ningún “muro” de contención contra la derecha: lo único que se ha levantado es un parapeto de impunidad dispuesto a aliarse con lo peor de cada casa con tal de que nadie ose rozar al “One”. Y si una jueza valiente se cruza en su camino, se le manda al clan de turno.
Bienvenidos a la Sicilia de Pedro Sánchez.
