El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que redefine por completo la protección de la atmósfera en el Archipiélago, incorporando herramientas inéditas hasta ahora como un sistema de inspecciones más exigente, nuevas obligaciones de control para las instalaciones industriales y, por primera vez, una regulación específica de la contaminación por olores.
La norma llega tras años de reclamaciones vecinales en zonas afectadas por emisiones, depuradoras y focos industriales, y promete un marco más estricto y transparente para mejorar la calidad del aire.
Un marco adaptado a la realidad insular
El nuevo decreto desarrolla la legislación estatal y europea en materia de calidad del aire, adaptando su aplicación a las condiciones particulares de Canarias, donde la dispersión atmosférica limitada, la cercanía entre núcleos urbanos e instalaciones industriales y la fragmentación territorial requieren un enfoque propio.
El texto sustituye al desactualizado decreto de 2006 y actualiza los procedimientos conforme a los reglamentos estatales de emisiones industriales.
Además de prevenir y reducir la contaminación, el Gobierno subraya que el objetivo central es reforzar la seguridad jurídica y la capacidad de supervisión de la Administración autonómica, que asume un papel más activo en la vigilancia de actividades potencialmente contaminadoras.
La gran novedad
La incorporación de la contaminación por olor constituye uno de los cambios más relevantes del decreto. Este tipo de molestias, frecuentemente denunciado en áreas próximas a depuradoras, instalaciones ganaderas, industrias alimentarias y plantas de residuos, contaba hasta ahora con un vacío normativo.
La norma establece categorías de actividades según su nivel de molestia, fija valores objetivo de inmisión y permite exigir planes de minimización y estudios de dispersión específicos. También se habilita al Gobierno para reclasificar actividades y ampliar controles si la intensidad o persistencia de los olores lo justifica.
El decreto endurece el régimen de autorizaciones para instalaciones de los grupos A y B, incluyendo análisis detallados de emisiones, combustibles, focos canalizados, medidas preventivas y planes de autocontrol.
La Administración podrá denegar permisos cuando exista riesgo de que una actividad provoque superaciones de los objetivos de calidad del aire o afecte negativamente a la salud.
La vigilancia también se refuerza. Todas las instalaciones sujetas a la norma deberán:
- Someterse a controles iniciales durante los primeros seis meses de funcionamiento. • Realizar controles internos y externos con una periodicidad que varía según la actividad. • Implantar sistemas automáticos de medición cuando lo exija la autorización o la normativa estatal. • Llevar un registro de emisiones obligatorio durante al menos diez años.
La norma concreta además la metodología para verificar el cumplimiento de los valores límite y regula el uso de modelos de dispersión para emisiones y olores.
Un sistema de inspecciones más fuerte y transparente
Uno de los pilares del decreto es el refuerzo de las inspecciones ambientales. El personal inspector tendrá rango de agente de la autoridad y podrá entrar en las instalaciones sin aviso previo. Se establecen planes de inspección periódicos, que deberán publicarse, y visitas adicionales cuando se detecten desviaciones relevantes.
Los informes de inspección deberán ser notificados a las instalaciones en un máximo de dos meses y después publicados en el portal institucional, salvo excepciones contempladas en la normativa de acceso a la información ambiental.
Además, la Administración podrá imponer medidas provisionales inmediatas, como paradas parciales o totales, si existe riesgo para la salud o el medio ambiente.
Las instalaciones existentes dispondrán de entre dos y cinco años para adaptarse a las nuevas exigencias, según el tipo de obligación. Se deroga también el Decreto 182/2006, que había quedado obsoleto tras la reforma del régimen estatal de emisiones industriales.
En definitiva, con este decreto Canarias se dota de un marco moderno y más operativo para supervisar la calidad del aire en el archipiélago, en un momento en el que la presión ciudadana y los conflictos por emisiones y olores se han intensificado.
