El carril bici del centro de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha de caducidad. Tras meses de pleitos, autos cautelares y debates encendidos entre vecinos, comerciantes y Ayuntamiento, el Consistorio ha optado por rendirse y retirará el recurso ante el Tribunal Supremo y desmantelará el trazado segregado de las calles El Pilar, Villalba Hervás y Méndez Núñez.
Con esa decisión adelantada por El Día se cierra una historia corta en el tiempo, pero intensa en conflictos, que deja tras de sí una pregunta necesaria: ¿falló la idea, el diseño o la forma de imponerla?
Cambiar la movilidad
El carril bici del centro no era un experimento aislado, sino la pieza más visible de la llamada Red de Movilidad Personal o “red ciclable” de Santa Cruz: 18,77 kilómetros de trazado para bicicletas y patinetes, de los que 16,05 kilómetros se concebían como ciclocalles y algo más de 2 kilómetros como carriles segregados en calzada, repartidos por 61 vías del casco histórico.
El proyecto, con un presupuesto cercano a los 1,7 millones de euros, estaba financiado con fondos europeos Next Generation y formaba parte del plan municipal para implantar la Zona de Bajas Emisiones.
Las obras empezaron en octubre de 2024, de noche y por fases, con seis meses de ejecución previstos. Para la primavera de 2025, el carril de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás estaba prácticamente terminado, a falta de su apertura oficial, prevista inicialmente para junio.
Lo bueno
Sobre el papel, el proyecto era sencillo y se adaptaba a los nuevos usos de movilidad. Creaba un itinerario seguro para bicicletas y patinetes, separado del tráfico en los tramos más conflictivos, y ayudaba a reducir emisiones al incentivar que algunos desplazamientos cortos se hicieran sin coche, apoyando así la futura Zona de Bajas Emisiones.
El propio alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió en varias ocasiones que la red ciclable era una manera de “dar seguridad” a los vehículos de movilidad personal, que ya circulaban por la ciudad pero sin espacio propio, y de ofrecer una alternativa real al coche privado en un municipio con más de 900 kilómetros de vías pensadas casi exclusivamente para el tráfico motorizado.
Colectivos como Tenerife por la Bici o plataformas ciclistas apoyaron el proyecto, organizando incluso una “bicimanifestación” en marzo de 2025 para reclamar su puesta en marcha.
Lo malo
Pero la teoría chocó de frente con la realidad diaria de las calles del centro. Desde el primer momento, vecinos y comerciantes de la zona levantaron la voz contra el proyecto.
Sus quejas se centraban en tres frentes: la eliminación de decenas de plazas de aparcamiento en superficie, incluidas plazas reservadas a personas con movilidad reducida; la reducción del espacio para carga y descarga, taxis y guaguas en calles ya muy saturadas; y los cambios de sentido y carriles que, a su juicio, empeoraban el tráfico en vías como El Pilar, por donde pasan miles de coches al día.
Plataformas como Santa Cruz Actúa Ya denunciaron que, sumando actuaciones de los últimos años, se habían perdido cientos de plazas de estacionamiento en el centro y alertaron de que, con todos los proyectos previstos, la cifra podría dispararse.
Para ellos, el carril bici no era tanto una apuesta verde como un golpe directo a la accesibilidad de residentes y pequeñas empresas.
A esto se sumó la sensación de falta de planificación y comunicación, y el nuevo modelo se percibió más como algo impuesto que como el resultado de un acuerdo trabajado con los sectores afectados.
La imagen de un carril bici terminado, vacío y cerrado mientras se acumulaban los coches al lado (o lleno de coches estacionados), se convirtió en el mejor argumento de sus detractores.
El mazazo judicial
El golpe definitivo vino de los tribunales. La red ciclable se apoyaba en la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, aprobada en 2023 para sustituir a la norma de 1985. Esa ordenanza regulaba la red ciclista, los vehículos de movilidad personal, las zonas de convivencia modal y la futura Zona de Bajas Emisiones.
En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nula de pleno derecho esa ordenanza, con efectos retroactivos, al considerar que carecía de una verdadera memoria de análisis de impacto normativo.
El tribunal reprochó al Ayuntamiento haber presentado un documento genérico, que no analizaba artículo por artículo el alcance de medidas que afectaban a la libertad de movimientos de la ciudadanía.
Tras la sentencia, la asociación vecinal El Perenquén solicitó la ejecución provisional del fallo en aquello que afectaba a las obras del carril bici. En junio, el TSJC ordenó la paralización inmediata de los trabajos de la red ciclable. Meses después, otro auto rechazó el recurso del Ayuntamiento, consolidando la suspensión.
Con el proyecto parado, los separadores montados, los fondos europeos casi ejecutados y el centro de la ciudad en un limbo de tráfico extraño, el Ayuntamiento tenía dos caminos: esperar al Tribunal Supremo o dar marcha atrás.
Primero optó por lo primero y anunció recurso de casación. Después, al ver que la resolución podía tardar años y con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, cambió de guion: empezó a retirar parte del carril bici y decidió renunciar al recurso para poder desmantelarlo por completo con seguridad jurídica.
El plan ahora es reconvertir el espacio que ocupaba el carril segregado en más plazas de carga y descarga, estacionamientos para personas con movilidad reducida, zonas específicas para motos y patinetes, y nuevas paradas de taxis y guaguas.
Además, la calle de El Pilar recuperará sus dos carriles de tráfico entre San Clemente y Méndez Núñez, y la actividad logística se concentrará en horarios ampliados para facilitar la vida a comercios y vecinos.
Y como vino se fue el carril más polémico de la capital tinerfeña, antes de haber llegado a funcionar.
