El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha iniciado diligencias previas contra Leire Díez, exmilitante del PSOE, por un presunto delito de tráfico de influencias, tras su implicación en una videollamada con un acusado por fraude en el IVA de hidrocarburos. La denuncia fue presentada por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AEGSC), que acusa a Díez de buscar información para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO), implicada en investigaciones judiciales que afectan a ex altos cargos del Gobierno y a familiares del presidente del Ejecutivo.
El juzgado ya ha dado traslado del caso a la Fiscalía de Delitos Económicos para que elabore un informe sobre los hechos. La investigación gira en torno a una reunión telemática mantenida entre Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlyn, este último acusado en una causa de fraude vinculada al comercio de hidrocarburos.
La AEGSC sostiene que la actuación de Díez podría constituir un intento de socavar la independencia y la credibilidad de la UCO, unidad clave en la lucha contra la corrupción. La denuncia solicita también que Dolset, Teijelo y Hamlyn sean llamados a declarar por su participación en esa reunión.
En paralelo, otros juzgados de Madrid han recibido denuncias similares. El Juzgado de Instrucción número 29 tramita la denuncia presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el número 44 la interpuesta por el partido Iustitia Europa —personado en el caso Koldo—, y el número 9 investiga la querella presentada por Hazte Oír por los mismos hechos.
Estas denuncias podrían converger en una causa única si así lo determina el Juzgado Decano de Madrid, dada la conexión entre los hechos y los implicados.
Parte de las querellas hacen referencia a grabaciones en las que supuestamente se escucha a Leire Díez solicitando información sensible sobre miembros de la UCO y del poder judicial, incluyendo a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa abierta contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— y contra el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
En Badajoz, el Juzgado de Instrucción número 4 también ha acordado abrir diligencias previas a raíz de una querella de Manos Limpias, que ha sido acumulada a otras denuncias similares, entre ellas una presentada por Hazte Oír.
Por el momento, solo el juzgado madrileño ha iniciado diligencias formales. Queda por determinar si los distintos procedimientos abiertos en Madrid y Badajoz se instruirán por separado o se unificarán en una causa común.
