José Luis Ábalos ha decidido pasar al ataque judicialmente. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha interpuesto una querella por presuntos delitos de «falsedad documental» y «falso testimonio de perito» contra las autoras de la auditoría encargada por su sucesor, Óscar Puente, que fue uno de los pilares de su imputación en el llamado caso Koldo.
Según ha anunciado el propio Ábalos en la red social X, el informe en cuestión fue elaborado el 19 de agosto de 2024 y pretendía analizar la licitación y distribución de mascarillas durante la pandemia por parte del Ministerio bajo su mandato. Aquella auditoría concluyó que existían irregularidades que, a juicio del exministro, buscaban «encapsular la responsabilidad exclusivamente en su persona».
La querella, presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, señala a dos responsables: Belén Villar Sánchez, directora general de Organización e Inspección del ministerio, quien supervisó la auditoría, y Belén Roel de Lara, autora del informe. Ábalos acusa al documento de ser un «documento público oficial» manipulado desde su origen, con datos sesgados, omisión de testimonios y conclusiones tendenciosas que no se correspondían con lo realmente declarado en sede judicial.
El exministro sostiene que las declaraciones realizadas por altos cargos del Ministerio y Correos tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Supremo contradicen el contenido del informe y revelan un enfoque preordenado, por lo que considera que los peritajes introducidos en la causa judicial se apoyan en versiones erróneas o distorsionadas.
La auditoría de Puente fue utilizada como base en octubre de 2024 por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo y conseguir la apertura formal de juicio contra Ábalos, atribuyéndole indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La querella repasa hasta siete testimonios, incluidos los del ex director general de Gestión de Personas de Adif, Isabel Pardo de Vera (investigada en la causa), Javier Sánchez Fuentefría, Manuel Fresno o Jorge Meana, y afirma que sus declaraciones no coinciden con lo recogido en el informe, por lo que lo califica como un instrumento con un sesgo deliberado y una investigación paralela ilegítima que infringió los criterios procedimentales internos del ministerio.
Este paso judicial se suma a otras acciones emprendidas por Ábalos, como la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la Guardia Civil por supuestas interceptaciones indebidas de comunicaciones al margen del procedimiento penal formal para un diputado aforado.
La querella representa un nuevo capítulo en el pulso entre Ábalos y su sucesor, Óscar Puente, quien defendió públicamente la independencia de la auditoría y refutó las acusaciones de Víctor de Aldama, uno de los imputados clave en el caso, señalando varias inconsistencias en los documentos presentados como pruebas.
