La polémica en torno al monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife vuelve a encenderse. Podemos Canarias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el Ayuntamiento capitalino, al que acusa de un posible delito de prevaricación por omisión por mantener en el espacio público una obra que consideran contraria a la Ley de Memoria Democrática.
El escrito sostiene que el consistorio, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, no ha actuado para retirar ni contextualizar el monumento, pese a tratarse de un vestigio franquista reconocido.
La escultura, obra de Juan de Ávalos e inaugurada en 1966, se sitúa en la confluencia entre la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga. Popularmente conocida como “Monumento a Franco”, aunque también llamada “Monumento a la Victoria” o “del Ángel”, forma parte del catálogo de vestigios franquistas señalados por la legislación estatal y autonómica de memoria histórica, que exige su retirada, resignificación o contextualización.
Sin embargo, el debate se intensificó cuando una sentencia de 2024 obligó al Cabildo de Tenerife a incoar expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), al considerar que la obra podría merecer protección por su valor artístico. Desde entonces, el futuro del monumento está atrapado entre procedimientos administrativos y posicionamientos políticos enfrentados.
Patrimonio o exaltación
La posible declaración de BIC ha generado una fuerte oposición por parte de partidos políticos, organizaciones memorialistas y entidades culturales.
Entre los argumentos contrarios destacan que la pieza constituye, en su origen y en su lenguaje simbólico, una exaltación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, algo incompatible con la normativa de memoria democrática.
Además, informes técnicos críticos —como los elaborados por especialistas universitarios— sostienen que el monumento carecería de un valor artístico excepcional que justifique su protección.
Por otro lado, quienes defienden su conservación separan su dimensión estética de su carga ideológica original y plantean que el BIC permitiría conservarlo acompañado de elementos interpretativos que resignifiquen su lectura.
La sentencia que obligó a abrir el expediente no prejuzga su resultado, pero sí ha obligado al Cabildo a estudiar con detalle la obra, abriendo un proceso que sigue generando tensiones sociales y políticas.
Prevaricación por omisión
La acción judicial de Podemos pone ahora el foco en el Ayuntamiento de Santa Cruz. La formación sostiene que, independientemente del expediente de BIC, el consistorio continúa incumpliendo su obligación legal de actuar sobre el monumento.
La denuncia plantea que la inacción municipal podría constituir prevaricación por omisión: no emitir resoluciones injustas, sino no adoptar decisiones que la ley exige para retirar o contextualizar un símbolo franquista.
Será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes para abrir diligencias o si procede archivar el escrito. En cualquier caso, la denuncia añade presión a una cuestión que desde hace años divide a instituciones, especialistas y ciudadanos.
Un debate que trasciende a Tenerife
El caso del monumento a Franco no es un episodio aislado. Refleja un problema más amplio sobre cómo gestionar en el espacio público los símbolos de la dictadura: si deben retirarse, trasladarse a museos, contextualizarse o considerarse parte del patrimonio histórico-artístico.
