El presidente argentino, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que nació del rediseño de la política sobre las Islas Malvinas y que termina reconfigurando en profundidad los sistemas de defensa, inteligencia y seguridad del país. El texto, anunciado por el mandatario en una cadena nacional el 3 de septiembre, se compone de ocho títulos y reclama al Parlamento su «pronto tratamiento y sanción».
El punto de partida y uno de los ejes centrales es la disputa por el Atlántico Sur. El proyecto endurece las sanciones contra quienes exploten recursos naturales, y no solo petróleo, en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina, y amplía la responsabilidad a accionistas, proveedores y empresas de la cadena de producción. Incorpora nuevos delitos, contempla el juicio en ausencia y busca frenar la logística de las compañías extranjeras vinculadas a proyectos como el petrolero británico Sea Lion.
El segundo gran pilar es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional que unifica las áreas diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa y de inteligencia. Su órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el propio Milei e integrado por el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia y el secretario de Legal y Técnica, con capacidad para bloquear fondos extranjeros y suspender operaciones ante riesgos graves.
El proyecto reforma también la Ley de Defensa Nacional de 1988 y redefine el concepto de defensa. Amplía las amenazas que contempla el Estado para incluir tanto las estatales como las no estatales de origen externo, y suma dimensiones que exceden lo militar, como el ciberespacio, el espacio electromagnético o los ataques a sistemas críticos. Las Fuerzas Armadas quedan habilitadas para proteger infraestructuras consideradas indispensables, entre ellas las vinculadas a la energía, las comunicaciones, la salud, la economía y los centros de datos.
El texto incorpora un régimen específico para el control de los espacios marítimo, aéreo, fluvial y lacustre, con un procedimiento gradual frente a buques sospechosos. Habilita a detener, perseguir, inspeccionar e interceptar embarcaciones y a disparar advertencias, y reserva la inutilización de un buque hostil como recurso extremo. El hundimiento solo procedería como medida militar excepcional y con autorización expresa del presidente.
Un capítulo aparte se dedica a la injerencia extranjera y la desinformación. El proyecto prohíbe que extranjeros sin residencia permanente financien campañas electorales, incorpora penas para las operaciones de inteligencia foránea y para las campañas masivas de desinformación destinadas a alterar los comicios, y refuerza los instrumentos del Estado frente a lo que denomina «influencia extranjera indebida».
La redacción del articulado recayó en la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, a quien Milei ha definido como «el cerebro legal» de su administración, con aportes del canciller Pablo Quirno en la parte de Malvinas y política exterior y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, en lo relativo a las Fuerzas Armadas. La iniciativa inicia ahora su recorrido parlamentario, en el que el Gobierno de Milei deberá tejer los apoyos necesarios para aprobar una norma que, bajo la bandera de Malvinas, redefine buena parte de la arquitectura de seguridad y defensa de Argentina.
