El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, ha quedado bajo investigación de la Justicia federal argentina por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó este viernes una causa penal contra el dirigente y pidió al juez Ariel Lijo una batería de medidas para reconstruir su patrimonio, entre ellas el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil.
La causa no está vinculada a su cargo al frente del fútbol argentino, sino a su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Buenos Aires y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Tapia ocupó primero la vicepresidencia del organismo y luego asumió su presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires, y es esa condición de funcionario, y no la presidencia ad honorem de la AFA, la que permite investigarlo por este delito.
El delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 268 del Código Penal argentino, sanciona a los funcionarios públicos que no pueden justificar un incremento patrimonial apreciable durante el ejercicio de sus funciones. El requerimiento del fiscal incluye una veintena de puntos y solicita información a organismos como la ANSES, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores y la Unidad de Información Financiera para determinar la evolución de los bienes, ingresos, fondos e inversiones del dirigente.
El origen del expediente está en una denuncia presentada el 7 de abril de 2026 por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven, que durante años estuvo vinculada a la organización y comercialización de los partidos amistosos de la selección argentina. Tofoni sostiene que el patrimonio de Tapia registró un incremento cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, una variación que, según su análisis de las declaraciones juradas del dirigente, no se correspondería con sus ingresos lícitos declarados ni con ningún índice inflacionario del periodo.
La denuncia se enmarca en el enfrentamiento entre ambos, después de que la AFA diera de baja el contrato que World Eleven mantenía para organizar los amistosos de la selección. Desde el entorno de Tapia rechazaron de plano las acusaciones: aseguraron que «todo lo que indica la denuncia es falso», calificaron a Tofoni de «denunciador serial que ha perdido todas y cada una de las causas que ha iniciado» y anticiparon que la causa «será archivada», además de anunciar acciones civiles por daño al honor y penales por falsa denuncia.
La apertura de la investigación no implica una imputación firme ni una condena, sino el inicio de las diligencias para establecer si existen elementos suficientes para avanzar, y Tapia está amparado por la presunción de inocencia. Se trata, en cualquier caso, de la primera causa penal que pone bajo la lupa el patrimonio del presidente de la AFA por su labor pública. El dirigente afronta además otros frentes judiciales: está procesado junto al tesorero Pablo Toviggino en una causa por presunta evasión impositiva, y existen otras investigaciones abiertas por el manejo de fondos de la asociación y supuestas irregularidades administrativas.
