El nuevo primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, y su partido Tisza han emprendido una ofensiva para recuperar los fondos y activos que, por vías consideradas dudosas, acabaron en manos de la familia del anterior líder, Viktor Orbán, o de sus aliados, un entramado de oligarcas y presuntos testaferros. Magyar gobierna desde el pasado mes de mayo, tras la victoria de Tisza en las elecciones del 12 de abril, en las que Orbán perdió el poder en las urnas después de 16 años al frente del país.
El instrumento central de esa ofensiva es la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes, conocida por sus siglas húngaras NVVH, cuya ley entró en vigor el pasado 29 de julio. El Parlamento aprobó su creación con 143 votos a favor y 46 en contra, una mayoría de dos tercios necesaria por tratarse de una norma de rango constitucional, que Tisza posee gracias a sus 141 escaños de 199. El nuevo organismo se encargará de detectar los abusos cometidos con bienes públicos, investigar casos de corrupción y facilitar la recuperación de activos adquiridos de forma ilícita.
«Los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada», proclamó Magyar al anunciar la medida, una de las principales promesas de su campaña. Tisza acusa al Gobierno anterior, en el poder entre 2010 y 2026, de haber malversado fondos públicos por valor de miles de millones de euros en beneficio de un círculo de empresarios afines. Diversas investigaciones periodísticas apuntan al enorme enriquecimiento del entorno más próximo a Orbán: su amigo de la infancia, el multimillonario Lőrinc Mészáros, y su yerno figuran entre las personas más ricas del país, mientras Transparencia Internacional sitúa a Hungría como el Estado más corrupto de la Unión Europea.
Un análisis del portal húngaro 24.hu cifró al cierre de 2025 el patrimonio neto conjunto de 21 empresas vinculadas a la familia Orbán en más de 70.000 millones de forintos, unos 180 millones de euros, pese a que el propio Orbán nunca declaró una gran fortuna personal ni figura como titular de un gran conglomerado. La Oficina tratará de determinar si esos patrimonios se formaron a través de contratos públicos, concesiones estatales, créditos favorables, fondos europeos o adquisiciones por debajo de su valor real.
El anuncio de estas medidas desató una salida precipitada de capitales en las semanas previas al traspaso de poder. Magyar denunció que oligarcas próximos a Orbán transferían decenas de miles de millones de forintos a Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos e incluso Uruguay, y advirtió a los inversores nacionales e internacionales de que se abstuvieran de adquirir activos vinculados a lo que calificó de «mafia». Según el portal de investigación VSquare, varias familias oligarcas llegaron a fletar aviones privados para sacar dinero y objetos de valor del país en pleno «modo pánico».
La creación de la NVVH ha abierto un nuevo frente de confrontación política. El Fidesz de Orbán critica con dureza la Oficina, a la que ha comparado con una «versión moderna» de la ÁVH, la policía secreta de la época comunista, y denuncia una persecución contra el anterior Gobierno. Orbán y varios dirigentes de su partido, que decidieron devolver su acta y no ocupar sus escaños, perdieron con ello la inmunidad parlamentaria, lo que deja su patrimonio y su actuación más expuestos a las eventuales investigaciones. El pulso se enmarca en el intento de Magyar de «desmontar» el sistema que él denomina «iliberal» y de normalizar las relaciones con Bruselas, con la vista puesta en desbloquear unos 17.000 millones de euros en fondos europeos congelados durante los años de Orbán.
